IU defiende un modelo de financiación autonómica que garantice los servicios públicos en todos los territorios
Miguel Ángel Viñas, número 1 de la candidatura de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes-Equo: En Común, ha dado a conocer hoy las propuestas de la coalición en materia de fiscalidad.
El candidato de IU ha comenzado haciendo alusión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Igualmente dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Para que se cumplan estos derechos es necesario obtener recursos a través de impuestos con un sistema fiscal justo y progresivo, destinado a redistribuir la riqueza.
Las comunidades autónomas tienen la posibilidad de gestionar impuestos propios. Somos la comunidad con menos impuestos propios, por lo que Castilla y León deja de recaudar millones de euros que deberían ingresarse para mejorar las condiciones de los ciudadanos, la sanidad, la educación, las residencias, cubrir las necesidades básicas... Los ingresos tributarios propios representan el 1,3% del total de ingresos frente al 2,2 de otras comunidades.
IU defiende un nuevo modelo de financiación, que tenga en cuenta factores como la despoblación. Pero no se puede pedir más financiación al Estado y poner de ejemplo a otras comunidades mientras el gobierno del PP se dedica a bonificar impuestos y no cumplir los deberes tributarios. Miguel Ángel Viñas ha recalcado que IU no está en contra de las bonificaciones y exenciones fiscales, pero única y exclusivamente a quienes las necesitan y de manera progresiva, porque lo que está sucediendo es que con la excusa de bonificar se está beneficiando mayormente a las grandes fortunas y a quienes más tienen.
Desde 2018, el Estado ha subido la financiación a Castilla y León en más de 3.500 millones de euros, mientras el gobierno del PP presume de haber duplicado las bonificaciones. Con el nuevo modelo se van a ingresar 300 millones más, y parece que Mañueco los va a dedicar a seguir bonificando: el gimnasio, el carné de conducir, el bus… independientemente del nivel de ingresos.
Castilla y León es la 5ª comunidad por abajo con salarios más bajos de España. Si el salario medio en España se sitúa en 28.000 euros, en Castilla y León es de 25.000 euros y en Zamora es de 22.000 euros. En Zamora, el salario más frecuente en Zamora es el SMI o lo que es lo mismo 17.094 euros brutos al año. Las subidas del SMI han afectado al 30% de los asalariados de nuestra provincia que cobran el SMI, aproximadamente 24.000 personas. Nuestra provincia estamos a la cola de las retribuciones salariales y, por lógica y relación directa, también de las pensiones. Esta situación no se soluciona votando en contra de la subida del SMI, de las pensiones y de los escudos sociales tan necesarios en nuestra provincia, que es lo que votan el PP y Vox en el Congreso.
En el mundo rural el 22% de los zamoranos vive en pueblos donde no hay oficina, ni cajero, ni agente comercial, ni oficina de Correos, ni cajeros gestionados por terceros. Son lugares que el sistema financiero ha excluido del mapa. Hay 174 municipios, en los que viven más de 35.000 zamoranos sin servicio bancario de ningún tipo. De 253 oficinas hemos pasado a 89.
Por parte de la Junta, existe un abandono y la falta de medios para cuidarlo el monte, zonas que eran de cultivo se convierten en campos de energía que no revierte en los pueblos. Las explotaciones ganaderas están pasando a manos de grandes empresas que contaminan nuestros campos y acuíferos. La realidad es que en nuestra Comunidad ha aumentado el número de cabezas de ganado, pero se ha reducido el de granjas, favoreciendo así las macrogranjas, y con ello disminuyendo el número de familias y trabajadores que pueden vivir de este tipo de explotaciones. En definitiva, un modelo agroalimentario que pretende que el sector esté en exclusiva en manos de grandes empresas concentrando las explotaciones para reducir costes de producción y mano de obra. Un modelo que genera concentración de purines y residuos y que ahora quieren solucionar con grandes plantas de generación de biogás, para solucionar un problema que han creado, y va en aumento, y que abocará a comarcas enteras a convertirse en estercoleros. Condenados a sufrir los daños de los grandes proyectos de biogás que serán la estocada de nuestros pueblos.
En nuestra Comunidad sólo en 14% de las plazas de residencias de mayores son públicas, mientras la Junta se dedica a hacer conciertos con entidades privadas. No hay que ir muy lejos para ver como en nuestra provincia no dejan de crecer las residencias privadas, gracias a los conciertos con la Junta. Mientras no se invierte en el sistema público. En Zamora hay 3 residencias públicas desde los años 70. En Zamora, Benavente y Toro. Ahora que la Junta está construyendo una nueva, cierra la que tenemos, por lo que no aumentan las plazas. Desde IU. seguiremos exigiendo, junto con los sindicatos, la gestión pública con la inversión que sea necesaria para la residencia de los tres árboles.
Algunos se extrañan de que nuestra tierra se despueble, sin embargo, Miguel Ángel Viñas e IU considera que lo extraño que aún siga viviendo gente aquí. Si en un pueblo no hay consultorio, escuela, si el transporte llega cuando llega… si llega, si no hay tienda, ni panadería, ni bar, ni dónde gastar más que en el cepillo de la iglesia. Si el agua y el aire están contaminados, si el monte se quema, si los pastos se pierden y las tierras de labranza se convierten en huertos de energía, si el salario que hay es de subsistencia…
La única solución para todo esto pasa por una fiscalidad que reparta la riqueza, por la lucha contra el fraude fiscal y no por las amnistías, por no bonificar ningún concepto ni directa ni indirectamente a quienes más tienen, por nuevos impuestos a las viviendas vacías de los grandes tenedores y bancos y a las grandes superficies comerciales que están acabando con nuestro pequeño comercio, además de la creación de un banco público que dé respuesta a las necesidades de la gente.