La empresa de la ORA quiere dejar el servicio y sacarle los cuartos al Ayuntamiento en el Juzgado
IU denuncia
que el caos y la apatía del equipo de gobierno del PP no ayudan a la defensa de
los intereses de Zamora
Sabemos que todos los contratos de servicios públicos esenciales
en el Ayuntamiento de Zamora están caducados. Pero la palma se la lleva el
contrato de la ORA y de los subterráneos de San Martín y de la Constitución. Se
adjudicó en 1999, se recurrió de forma inmediata por otra empresa, se anuló el
contrato firmado en 2004 y, posteriormente, se ratifica la anulación en 2006.
Hasta hoy. Nada se ha vuelto a hacer. Ocho años con el contrato anulado por
sentencia y otros ocho anteriores con el contrato en la cuerda floja. Ahora la
empresa quiere “largarse” por la vía judicial. No es de extrañar
Hace tiempo que la empresa que gestiona la ORA y los aparcamientos
de San Martín y Constitución quiere dejar el servicio. Pero quiere hacerlo
previo abono por parte del Ayuntamiento de cantidades multimillonarias que le
resarzan de las inversiones realizadas en su día y de los beneficios dejados de
obtener al anularse el contrato.
El asunto puede ser una catástrofe para el Ayuntamiento debido a
la desidia y dejadez que ha existido durante muchos años en el Ayuntamiento.
Todo comenzó
en 1999
Nada
más adjudicarse el servicio de la ORA y los subterráneos, la empresa Dornier
recurre la adjudicación a Urbaser Dragados. La sentencia final es de 21 de
octubre de 2006 del Tribunal Supremo, rechazando un Recurso de Casación
interpuesto por el Ayuntamiento de Zamora contra la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León de septiembre de 2004 que anulaba la
adjudicación realizada en su día a Dragados-Urbaser para la construcción y
gestión de dos aparcamientos subterráneos y gestión de la ORA en superficie.
La
Sentencia no admite el recurso de
casación y además condena en costas al Ayuntamiento, anulando definitivamente la adjudicación del
contrato de construcción de dos aparcamientos y gestión de la ORA a Dragados/Urbaser.
Los
motivos están claros en la Sentencia del TSJ de septiembre de 2004, que establecía
la nulidad de la adjudicación por haber omitido un “trámite capital” en
el procedimiento, como era el anteproyecto de explotación del servicio.
En
efecto, la Sentencia del TSJ dice que “todo contrato de gestión de servicios públicos, irá precedido de la
elaboración y aprobación del anteproyecto de explotación y de las obras precisas
y comprenderá un estudio económico administrativo del servicio, de su régimen
de utilización y de las particularidades técnicas para su definición”.
Considera el Tribunal que este trámite es de “importancia capital”, que es un
“trámite esencial” y que en consecuencia su falta origina una “nulidad
absoluta” del proceso.
Pero los aparcamientos ya estaban hechos
Cuando se produce la Sentencia anulando el
contrato con Dragados/ Urbaser, los aparcamientos ya están construidos. El
Ayuntamiento a través de un concurso adjudicó su construcción a una empresa, a
su costa, a cambio de que explotara la
concesión durante un número de años, en concreto 40.
Es decir, la empresa invierte un dinero en la
construcción y se queda con los beneficios que genera en esos años, para pasar
transcurrido el tiempo a ser propiedad del Ayuntamiento.
Hasta podría parecer un “chollo” para las
arcas municipales. Y es verdad que pueden generar también dinero para el
Ayuntamiento. Pero hay que calibrar si el destrozo urbanístico que realizan
merece la pena. Todos recordamos el jardín de la Plaza de San Martín y las
fotos dan cuenta del que existía en la Plaza de la Constitución.
La empresa construye los aparcamientos y los
explota, como hemos dicho. A cambio también le da un canon al Ayuntamiento. En
el presente caso eran 120.000€ de 1999, que se habrían actualizado al día de
hoy.
Las disparidades en esos cánones son
absolutas: desde los 7.000 € al año que paga el de La Marina, hasta los 65.000
€ los cinco primeros años y 180.000 los treinta y cinco restantes en el de
Reyes Católicos, pasando por los 120.000€ del conjunto del de San Martín,
Constitución y las casi 1.800 plazas de la ORA.
¿Qué ha pasado desde el año 2006 en que se anuló el contrato?
El Pleno tuvo conocimiento de la Sentencia en su día y acordó, con
los votos del PP, lo siguiente:
- Llevar a puro y debido efecto la Sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el contrato.
- Por razones de interés público, la empresa debía seguir prestando el servicio de forma provisional.
- Iniciar los trámites de liquidación de los efectos del contrato entre el Ayuntamiento y DRAGADOS- URBASER .
- Declarar la forma de gestión del servicio como indirecta para que se adjudique mediante nuevo concurso, y su posterior adjudicación a una nueva empresa en Pleno Corporativo.
En
diciembre de 2006, el Ayuntamiento obliga a Urbaser a seguir prestando el
servicio hasta la nueva licitación que debe producirse de forma urgente según
acuerdo de Pleno. El Pleno también acuerda los trámites para liquidar el
contrato.
Después
de 8 años el Ayuntamiento permanece impasible. Pero Iridium (la nueva empresa
que gestiona la ORA después de Urbaser), lleva al Juzgado al Ayuntamiento
reclamando cantidades millonarias.
Ahora el
Ayuntamiento se enfrenta a una indemnización cuantiosa
Evidentemente la empresa no es culpable. Lo es el Ayuntamiento por
dos motivos: primero, porque se anuló el contrato y el pliego de condiciones
que confeccionó en su día y que una empresa firmó de buena fe; en segundo
lugar, porque durante 8 años ha permanecido impasible sin volver a licitar el
servicio.
La empresa ha gestionado el servicio 15 años de los 40 previstos
para resarcirse de la inversión. En consecuencia, hay una parte de esa
inversión que ahora tiene que pagar el Ayuntamiento a la empresa, ya que no ha podido completar los 40 años.
Hace 4 años la Intervención cifró en 4.500.000€ esa indemnización.
Habrá que tener en cuenta el canon que la empresa ha dejado de pagar al
Ayuntamiento y que ahora hay que exigirle y descontárselo de la indemnización.
El problema que se avecina es la gestión propia del servicio. Se
puede dictar sentencia en muy pocos meses. Y una vez que el Juez fije la
indemnización que hay a pagar a la empresa, ¿cómo se justifica que siga
prestando el servicio? El hecho de llevar 8 años en esta situación puede pesar
como una losa en la defensa del Ayuntamiento. La empresa se hará la víctima y
exprimirá todo lo que pueda la ineptitud del Ayuntamiento.
La gestión de la ORA y de los aparcamientos de San Martín y de la
Constitución es un ejemplo de cómo el Equipo de Gobierno del PP ha dejado la
dirección de los asuntos hace mucho tiempo.
Antes de las elecciones, el PP deberá hacer frente a otra
sentencia millonaria que se añade a la del Edificio Municipal, la expropiación
de los pisos de La Muralla y algunas otras menores.
La anécdota
No deja de sorprender que la empresa a la que aludimos en su oferta de 1999
hiciera una proposición al Ayuntamiento. La siguiente: capitalizar los primeros
años y ofrecerle al Ayuntamiento 220 millones de las antiguas pesetas para
hacer un aparcamiento en Reyes Católicos, junto al Hospital Virgen de la
Concha.
El Ayuntamiento en un primer instante dijo no, ya que no tenía
rentabilidad en esa zona y no se necesitaba. Doce años después era
imprescindible. El problema es que para la empresa que lo hizo es una auténtica
ruina. Como lo es el de San Martín.