Además de poder intervenir en el abaratamiento del precio de la luz, revertir estas instalaciones hidráulicas a los municipios de Zamora permitiría compensar la deuda histórica de tantos pueblos que fueron anegados totalmente o en parte de su término municipal sin ninguna compensación.
El Observatorio de Sostenibilidad ha elaborado el informe «Recuperación de las concesiones hidroeléctricas en España» con el objetivo primero de mostrar a la sociedad española "el importante tema de la reversión de los saltos y concesiones hidroeléctricas asignados durante los últimos 75 años a las diferentes empresas eléctricas" y el fin último de animar a la ciudadanía para que reclame que esas concesiones reviertan a la sociedad como ya ha pasado en algunos saltos y centrales (de la cuenca del Ebro fundamentalmente).
La Ley de Aguas dice que, "al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente, gratuitamente y libres de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento" (aprovechamiento hidroeléctrico).
Pues bien, algunas de esas concesiones han empezado a caducar y está llegando así el turno de la Administración, que, con potencia de generación en sus manos, podría abrir o cerrar el grifo de los pantanos a demanda para controlar así el precio de la luz, que está completamente desmandado.
Según el informe «Recuperación de las concesiones hidroeléctricas en España» (Observatorio de Sostenibilidad, 2018), en nuestro país en los próximos meses caducan concesiones hidroeléctricas por valor de más de mil megavatios de potencia, que estarían llamadas a revertir al Estado.
En España hay 20.331 megavatios de potencia hidroeléctrica, lo que supone casi la cuarta parte de la potencia instalada total (104.517 megavatios). El informe publicado por el OS explica que "estas instalaciones, según todas las fuentes, están suficientemente amortizadas". Muchas de ellas se encuentran en fechas próximas de caducidad "y no existe ninguna razón para no cumplir la ley Refundida de Aguas y que vuelvan al sector público". En ese sentido, el Observatorio alerta: "en la reversión de algunas concesiones se ha tardado hasta 12 años en volver a ser públicas por lo que es necesario el iniciar esas acciones cuanto antes".
El objetivo del citado Informe, que compartimos del el Grupo de IU es alertar a la ciudadanía y a las administraciones, para que soliciten la reversión al sector público de las concesiones que están a punto de caducar, y para, desde esa titularidad, abaratar el precio de la luz.
Todo ello -apuntan desde el OS-, en un contexto "de pobreza energética en el que millones de ciudadanos no pueden calentar sus casas en invierno o enfriarlas durante las olas de calor de verano", un contexto "de máximos precios de la electricidad" que están alumbrando "una de las energías más caras de Europa".
El informe detalla por comunidades autónomas las concesiones hidroeléctricas para que éstas y los municipios que sufren las consecuencias directas de estas presas sean los que vigilen y soliciten la reversión de estas concesiones. "En muchas ocasiones -explican los autores del informe-, estas comunidades autónomas que soportan estas infraestructuras, que coinciden con menores niveles de riqueza, podrían obtener una serie de beneficios ya que han soportado los efectos ambientales de estas presas durante decenios".
En la provincia de Zamora, los plazos de concesión de los aprovechamientos, establecido en 75 años, van llegando o acercándose a su fin. Según publicaba la Opinión de Zamora hace unos meses son los siguientes: Ricobayo cumplió el plazo en 2008, Villalcampo en el año 2014 y Castro en 2017; Cernadilla cumpliría la concesión en el año 2044, Valparaíso en 2063 y Nuestra Señora de Agavanzal en 2069.
Por todo ello, desde el Grupo de IU presentamos ante el Pleno la siguiente moción de urgencia:
1. La Diputación insta a la Comunidad Autónoma y a los Municipios de Zamora afectados por embalses y otras instalaciones de aprovechamiento hidroeléctrico a que soliciten la reversión de éstas cuando caduque la concesión.
2. La Diputación apoya la reversión desde las empresas a la Administración competente, gratuitamente y libres de cargas, de cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento hidroeléctrico, de acuerdo con la Ley de Aguas.
3. La Diputación informará y asesorará a los municipios afectados por instalaciones hidroeléctricas que decidan solicitar su reversión conforme a derecho.
