España necesita combatir la pobreza y la exclusión social
España necesita un plan de rescate. El paro y la pobreza se extienden. La
creación de empleo es mentira porque lo que nos presentan es el espejismo del
trabajo parcial y la destrucción del empleo a jornada completa. En el
Ayuntamiento de Zamora el gasto social ha caído, aunque se recupera algo en los
últimos años. Pero no basta. Es preciso implicar al Estado y a las Comunidades.
El desánimo se extiende a la misma velocidad que la rabia y la violencia,
aunque sólo por suerte en nuestras mentes. El cambio es una necesidad incluso
de orden público. Ordenar ese cambio es una misión en Zamora de Izquierda
Unida. Somos la opción más fácil.
La
Constitución Española establece la garantía de la asistenciay prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Por su parte,la Comisión Europea,
en el marco de la Estrategia Europea 2020, se plantea elobjetivo de reducir el
número de personas en situación de pobreza y exclusiónsocial. En sentido
coincidente se ha pronunciado el Comité Económico y SocialEuropeo.
Sin
embargo, en España no solo no se ha avanzado en la reducción de la pobrezay la
exclusión social sino que, por el contrario, ha aumentado enormemente.
Las cifras de Izquierda Unida Federal
Han
evidenciado que un 27,3% de la población (12.866.000) se encuentraen riesgo de pobreza
y exclusión social. En consecuencia, la privaciónmaterial severa ha aumentado
un 38% (del 4,5% al 6,2%), lo que implica, entreotras cosas, que hay más
personas que tienen dificultades para alimentarse adecuadamente,más personas
que retrasan el pago de gastos relacionados con la viviendaprincipal, que no
pueden mantener su vivienda con una temperaturaadecuada y que no tienen ninguna
capacidad para afrontar algún gasto imprevisto.
Junto al
aumento de la pobreza, otro de los problemas que con la crisis se havisto
agravado es el aumento de la desigualdad. Entre 2009 y 2012 se ha producidouna
evolución fuertemente creciente, que contrasta con la relativa estabilidadque
había mantenido en el periodo 2005-2008. La proporción de los ingresos totales
percibidos por el 20%de la población con mayores ingresos multiplica por 6,3%
la percibida por el20% con menos ingresos.
Los pobres cada vez más pobres
Es tal la
incapacidad del Estado de Bienestar en España de aliviar la desigualdadque
incluso ha sido denunciada recientemente en informes de la OCDE. Enellos, se
constata la relativa generosidad de las políticas sociales con colectivosde
rentas elevadas, que reciben del Estado transferencias totales por un
valorsuperior a su peso demográfico. En cambio, los segmentos con nivel
socioeconómicomás bajo obtienen un volumen inferior al que le correspondería.
Por lo
tanto, en España se han empobrecido los más pobres (los hogares situadosen las
dos, a lo sumo, tres primeras décimas de ingreso), que han sido abandonadosa su
suerte por un Estado que no ha previsto impulsar políticas paradar respuesta al
empeoramiento de sus condiciones de vida.
En tercer
lugar, también ha adquirido una preocupante magnitud el problemarelacionado con
la imposibilidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada.Un reciente
estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales apunta quemás de un 15% de la
población española (7 millones de personas) padece pobrezaenergética. Las
causas de este problema son múltiples, pero destacan dos porencima del resto:
el incremento de la pobreza y el incremento continuado de losprecios de la
energía.
Pobreza energética
Como
consecuencia, el porcentaje de ingresos que las familias deben destinar agastos
de energía también ha aumentado: la cantidad de hogares que han dedicadomás de
un 10% de sus ingresos al consumo de energía ha pasado de un 5%en 2007 a
representar un 17% en la actualidad. Otras cifras muestran que el 8%de las
personas encuestadas en 2013 por la Encuesta de Condiciones de Vidareconocían haber
sufrido retrasos en el pago de los suministros básicos. Los datosmuestran sin
dejar lugar a demasiadas dudas que el problema de la pobrezaenergética ha
adquirido una dimensión claramente general desde el estallido dela crisis
económica en 2008.
Ante esta
situación, puede interpretarse que el aumento de las cifras de
pobrezaenergética podría ser una de las múltiples manifestaciones de cómo la
crisiseconómica está afectando a la sociedad. Sin embargo, no se trata de
observarsolo las circunstancias coyunturales. Existen causas estructurales sin
las cualesno se puede explicar que incluso en épocas de bonanza económica, un
porcentajenada desdeñable de los hogares se encuentre en dificultades para
afrontareste tipo de gastos. Los suministros básicos son un servicio público
esencial ycomo tal deben ser tratados.
La emergencia social de los desahucios
Respecto al
problema vinculado al acceso y mantenimiento de la vivienda, año ymedio después
de la entrada en vigor de la Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidaspara reforzar
la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y
alquiler social, el drama de los desahucios sigue tan vivo como al iniciode la
crisis. La situación es de emergencia social y lo único que hace el
Gobiernopara revertirla es actuar tarde, a remolque de la lucha social y
cerrando en falsolos conflictos con falsas soluciones. En este contexto, es del
todo necesario impulsaruna reforma a fondo de la legislación hipotecaria y
civil para limitar elsobrendeudamiento y garantizar el acceso a una vivienda
digna.
Por último,
en cuestión de fiscalidad las reformas llevadas a cabo por este Gobiernohan
sido un juego de suma cero: ganan los grandes empresarios y lasrentas más
elevadas, y pierde el resto de la ciudadanía.
Un sistema fiscal más justo
La
Constitución establece que el sistema fiscal debe ser justo, inspiradoen los
principios de igualdad y progresividad, así como eficaz para lograr la
consecucióndel mandato del artículo 31 de la misma para que todos contribuyanal
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica. Sin
embargo, las medidas impulsadas por el Gobierno en materia fiscal siguen el
caminocontrario: el de la destrucción de la progresividad fiscal y el aumento
de la desigualdad.
No es
cierto que no existan alternativas. La brecha en presión fiscal con la mediade
la Unión Europea es de unos 7 puntos porcentuales con relación al PIB, y además
el fraude fiscal en nuestro país es desmesurado. Existe margen suficientepara las
reformas que establezcan una fiscalidad justa y progresiva.
En materia
de IVA, por ejemplo, sabemos que este es un impuesto claramenteregresivo en los
bienes esenciales, porque son las rentas más bajas lasque deben dedicar una
parte más importante de sus rentas para el consumo deesos bienes. En este
sentido, se podría perfectamente aplicar un tipo impositivoreducido a
suministros básicos o a la cultura y, en paralelo, considerar
medidasalternativas para aumentar la recaudación del IVA.
Hay que dar un vuelco a la situación
política
En resumen,
se puede afirmar que España continúa hoy en una situación deemergencia social.
En la actualidad, cualquiera puede caer en el pozo de la pobreza.Y ya no
hablamos de una pobreza con un origen únicamente de caráctereconómico, sino que
está relacionada con otros factores como son la vivienda, lasanidad, la
formación o la educación, esto es, con los recortes sustanciales quehan sufrido
numerosas políticas públicas.
Es en este
contexto en el que se crea la necesidad de establecer un plan de rescatesocial
que garantice que todas las personas tengan las necesidades básicasaseguradas
en los aspectos esenciales para una vida digna: alimentación, ingresosmínimos,
vivienda y suministros principales. Este plan deberá materializarsea partir del
impulso de políticas públicas, modificaciones legislativas y todasaquellas
medidas necesarias para evitar la exclusión social de los ciudadanos y ciudadanas.
