IU
propondrá una asociación de municipios para cambiar leyes nacionales
Los ayuntamientos no tienen autonomía para hacer
leyes. Su obligación es cumplirlas. Pero muchas perjudican sus intereses y su
economía. Una prueba de ello son las exenciones en el IBI respecto de la
Iglesia Católica. Es mucho dinero el que los ayuntamientos dejan de ingresar
por las leyes estatales que regulan las exenciones de este impuesto, además del
concordato. Pero hay otros casos como el de las telecomunicaciones donde el Gobierno
ha aprobado que las antenas de telefonía no tengan necesidad de licencia por
parte de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen que defender sus intereses
frente al Estado.
La financiación de la Iglesia Católica es un tema
harto debatido en la sociedad. Los datos que se aportan al respecto son de la
ONG “Europa Laica”. Son datos
absolutamente contrastados sobre los que se puede y se debe opinar. Pero los
datos son información. Y sin ellos la opinión se debilita.
Entendemos desde el Grupo Municipal de IU que hay
leyes de carácter estatal que perjudican notablemente las arcas municipales.
Las leyes hay que cumplirlas, pero en el caso de las exenciones de impuestos,
lo que no pone uno lo pone otro; es decir, si bonificamos un impuesto por un
concepto, los demás contribuyentes tendrán que aportar más. Es un debate
abierto. En algunos casos ideológico. Pero debatir y argumentar en democracia
es necesario y sano.
No
debe haber ninguna exención para edificios privados
Todas las exenciones del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) de cualquier edificio las acaban pagando los demás
contribuyentes. Los 303.000€ que el Ayuntamiento deja de ingresar por las
exenciones obligatorias que debe hacer por imposición legal, los acaban pagando
otros. Hay un dato demoledor de Europa
Laica: “el 70% del suelo habitable de
Burgos, Ávila, Santiago o Toledo pertenece a la Iglesia”; o lo que es lo
mismo, no paga IBI. Pero los gastos en servicios municipales son los necesarios
en estas ciudades. Los demás ciudadanos en definitiva son los que pagan.
Pensemos en las propiedades de la Iglesia en el
Casco Histórico de Zamora. Por cierto, muchas propiedades inutilizadas,
infrautilizadas o con uso puramente especulativo, como los inmuebles que la
Iglesia tiene alquilados para Museo Baltasar Lobo, o el que tuvo alquilado
muchos años para el Consejo Consultivo. Ni siquiera por estos inmuebles que
tienen un uso lucrativo evidente la Iglesia tiene que pagar impuestos. No entra
ni en la lógica ni en el sentido común.
Las
propiedades exentas en Zamora
Las exenciones se refieren a los 60 inmuebles
destinados al culto, y que se acogen a los Acuerdos con la Santa Sede derivados
del Concordato, a los 20 centros de enseñanza exentos por la Ley de Haciendas
Locales, y a las 110 propiedades de otros edificios que se acogen a la Ley de
Mecenazgo del año 2002. En total, y como puede verse en el cuadro elaborado por
el Grupo Municipal de IU, el Ayuntamiento deja de recaudar algo más de
300.000€.
De esa cantidad, la que se refiere a las exenciones
de los colegios, es compensada por el Estado; es decir, los 71.794€ de exención
los paga el Estado al Ayuntamiento.
IU y otros Grupos han propuesto en el Parlamento
acabar con esta situación. Todos deben pagar. La Iglesia y todas las entidades
que se acogen a la Ley de Mecenazgo, como los partidos, sindicatos y
asociaciones de todo tipo, para no pagar. El impuesto grava la propiedad y es
justo que todos paguen. Y si el Gobierno se empeña en poner exenciones en la
Ley debería compensar pagando por ellas a todos los ayuntamientos de España.
La
financiación de la Iglesia Católica
El Estado Español (central y periférico) aporta a la
Iglesia Católica en subvenciones directas y exención de tributos una cifra que
supera los diez mil millones de euros anuales. Los datos, insistimos, son de la
organización Europa Laica. Los
referidos a Zamora son del Grupo de Izquierda Unida.
Esa cantidad supone más el 1% del actual Producto
Interior Bruto de España. Ello significa que cada persona residente en España,
sea católica o no, le corresponde una “cuota o dádiva” indirecta a la Iglesia Católica
de unos 218 € al año o 18 € al mes. Muchos justifican que a cambio hacen una
labor social. A nuestro juicio esa labor social debe asumirla en su integridad
el Estado
La
Ley Hipotecaria favorece a la Iglesia
Es
un caso único en el mundo, con la complicidad vergonzante de los poderes
públicos.
La iglesia católica oficial se apropia ilegalmente de patrimonio de dominio público, que en
muchos casos pertenece a la ciudadanía de un municipio, como consecuencia de la
Ley
Hipotecaria y su Reglamento, que considera a la
Iglesia Católica organismo público y a
los obispos diocesanos funcionarios públicos. Esta anomalía jurídica les
permite registrar a su nombre templos, cementerios, terrenos, viviendas, plazas…
que carecen, aparentemente de títulos de propiedad conocidos. Esto se hace con
la complicidad más absoluta de los poderes públicos.
En Zamora lo hemos vivido en Almaraz de Duero, donde la Iglesia
inscribió la Plaza existente junto a la Iglesia en el Registro de la Propiedad,
lo que provocó que no se pudiera hacer una obra pública en el año 2008.
Actuaciones de los
Ayuntamientos a favor del pueblo
Como decimos, muchas leyes estatales perjudican las finanzas de
los ayuntamientos que son las administraciones peor financiadas y con mayores
competencias.
Es imprescindible que los ayuntamientos se unan para pedir en
estos momentos fundamentalmente tres cosas:
Cambiar el Concordato
de 1979 con la Iglesia Católica para que no existan exenciones en ningún
impuesto. Hay que recordar que Europa obligó a España a cobrar el IVA en las
transacciones de la Iglesia. Habría que pedir la supresión de la Ley de
Mecenazgo para que todos los propietarios pagaran el IBI de sus propiedades
Una segunda
medida sería cambiar la Ley de Telecomunicaciones para que todos los operadores
de telefonía pagaran tributos a los ayuntamientos por utilización del espacio
radioeléctrico. Recientemente una Sentencia echó por tierra la pretensión de
cobrar a estas multinacionales tributos locales. El razonamiento era que
Telefónica, que es la propietaria de la red,
ya pagaba por la utilización del suelo y del vuelo, y que el resto de
compañías (menos una) simplemente arrendaban las instalaciones a Telefónica. El
Ayuntamiento de Zamora había puesto ya en sus presupuestos un millón de euros
que pretendía cobrar. Tuvo que retirarlo.
Y una
tercera, sería unirse para cobrar a la Junta todos los servicios de su
competencia prestados por el Ayuntamiento de Zamora. El PP en Zamora y en
Castilla y León reniega ahora de la Ley
Montoro y quieren que todo siga igual. El hecho es que el Ayuntamiento
gasta al año 3 millones en competencias de la Junta.