El equipo de gobierno presenta una moción en la que pide a la Junta que la tramitación del centro de datos de Monfarracinos no sea declarada Proyecto Regional
Igualmente, se reclama transparencia, estudios detallados de empleo real, y la protección de los recursos hídricos, energéticos y agrícolas de la provincia
El equipo de gobierno ha presentado una moción conjunta sobre el proyecto del centro de datos previsto en Monfarracinos. La moción, que será trasladada el resto de grupo para que se sumen a ella y pueda ser aprobada en el próximo Pleno por unanimidad, tiene como objetivo principal que este macroproyecto no sea declarado Proyecto Regional por parte de la Junta de Castilla y León, o en su caso se someta a un escrutinio público y a una evaluación rigurosa en la que se explique el impacto territorial, ambiental, económico y social que tendrá este macroproyecto
Alegaciones y exigencia de un tratamiento riguroso
El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, que ha comparecido junto con el concejal de Promoción Económica, David Gago, y el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, ha recordado que las alegaciones relativas a este centro de datos se dividen en dos vías, aquellas vinculadas a la licencia ambiental, cuyo plazo ha finalizado y tienen un carácter predominantemente técnico, y aquellas centradas en la declaración como Proyecto Regional, que aún se encuentran en plazo.
El primer edil zamorano ha querido matizar que no se muestran contrarios a la implantación de centros de datos en general, sino al carácter hiperescalar de este proyecto en concreto. Guarido ha señalado que el proyecto cuenta con unas dimensiones desproporcionadas para la zona, ya que ocupará nada menos que el 10% del territorio agrícola de Aspariegos, Villalube, Monfarracinos, Molacillos y Benegiles, además de 24 instalaciones térmicas con chimeneas de 30 metros. Igualmente advierte de que se trata de un modelo sobredimensionado que podría haberse planteado con una escala mucho menor, en sintonía con otros existentes en España.
Incumplimiento de la Ley de Ordenación del Territorio
Desde los grupos impulsores se denuncia que la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León exige que, para declarar un proyecto como regional, se justifique de manera clara qué beneficio aporta a la sociedad, a la economía y al desarrollo de la comunidad autónoma, algo que, a su juicio, no queda acreditado de forma suficiente.
Asimismo, el responsable municipal ha criticado que la administración autonómica confunda el interés comercial de un promotor privado con el interés general de la ciudadanía. En este sentido, señala como motivos de preocupación, por un lado, el impacto en los recursos naturales y económicos que tendrá el proyecto, “que compromete de forma irreversible recursos hídricos masivos, suelo agrícola y el desarrollo sostenible de una provincia eminentemente rural”.
Por otro lado, se advierte en la moción sobre el elevado consumo de agua y energía, así como el incremento del ruido y del tráfico pesado en los municipios afectados. Junto con ello se denuncia que las instalaciones declaradas como proyecto regional eluden el pago de impuestos municipales como el Impuesto de Construcciones (ICIO), lo que priva a los ayuntamientos de ingresos que se han estimado en unos 200 millones de euros, quedando además dudas sobre la cifra real de empleos locales estables que se generarán frente a los puestos de teletrabajo o de carácter temporal.
Acuerdos de la moción
Con esta moción, que también se defenderá en el pleno municipal junto a otra relativa a la residencia de los Tres Árboles, se proponen los siguientes puntos de acuerdo.
Primero, instar a la Junta de Castilla y León a no aprobar ni dar por buena la tramitación del centro de datos como Proyecto Regional al no haberse acreditado de forma suficiente su necesidad e interés general excepcional.
Además, solicitar que cualquier desarrollo del proyecto se tramite mediante los procedimientos ordinarios y legales aplicables, y exigir una evaluación ambiental integral y acumulativa que incluya el consumo de agua, energía, emisiones, ruido, riesgos industriales y la afección conjunta sobre todos los municipios de la comarca.
Junto con ello, reclamar la publicación de previsiones verificables y desglosadas sobre empleo temporal y permanente, contratación local, salarios e ingresos públicos vinculados y, por último, garantizar transparencia plena y acceso público a toda la documentación técnica y ambiental del proyecto.