Moción del Grupo de Izquierda Unida en la Diputación en apoyo a Ceuta, a la defensa de los derechos humanos y a la corresponsabilidad en la acogida y protección de las personas migrantes
La situación vivida en Ceuta desde el pasado 30 de julio constituye una emergencia de enorme gravedad humana, social e institucional. La Diputación de Zamora quiere trasladar su solidaridad al conjunto del pueblo de Ceuta y a todas las personas que viven en la ciudad, independientemente de su origen o nacionalidad.
Esta solidaridad con Ceuta es plenamente compatible con la defensa de los derechos humanos y con la protección de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de protección internacional y, especialmente, de los niños y niñas que se encuentran sin protección familiar.
Condenamos la utilización de las personas migrantes como instrumento de presión política o geopolítica. Ninguna persona migrante, refugiada, solicitante de protección internacional ni ningún menor sin protección familiar puede convertirse en una herramienta al servicio de los intereses de un Estado.
Por ello, España debe reclamar a Marruecos el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y el respeto a los derechos humanos, rechazando cualquier uso de la migración como presión sobre nuestras decisiones soberanas, al tiempo que esta crisis evidencia el fracaso de la externalización europea de fronteras, pues la UE no puede delegar ese control en terceros países sin garantías sólidas de derechos humanos, cuyos intereses pueden chocar con los de los Estados miembros y la protección de las personas.
La infancia migrante debe ser prioridad absoluta, con derechos que no dependan del territorio ni de la voluntad política de cada comunidad autónoma, por lo que Ceuta, Canarias o Melilla no pueden asumir solas esta responsabilidad estatal; se necesitan mecanismos estables, legales y permanentes, con recursos suficientes, que garanticen acogida y protección digna, evitando que los niños sean usados como herramienta de confrontación partidista, intercambio administrativo o discurso xenófobo.
También resulta urgente aliviar la presión que soporta Ceuta. No todas las personas pueden ser devueltas de forma inmediata y automática, pues la realidad jurídica y humanitaria exige analizar cada caso individualmente y respetar las garantías previstas en la legislación nacional, europea e internacional.
Aliviar la presión sobre Ceuta es también defender a Ceuta. Mantener a miles de personas concentradas en una ciudad con recursos limitados incrementa la presión sobre los servicios públicos y sobre la convivencia, además de crear un escenario que puede ser aprovechado por la extrema derecha para extender discursos racistas, xenófobos y antiinmigración.
Frente a esta situación, deben rechazarse los intentos de convertir la emergencia humanitaria en combustible electoral. La soberanía nacional no puede defenderse de manera selectiva, ni puede utilizarse como una bandera partidista mientras se guarda silencio ante determinadas presiones o injerencias exteriores. Del mismo modo, no puede señalarse a las personas migrantes como responsables de una crisis de la que son, en buena medida, víctimas.
La Diputación de Zamora reconoce, además, la labor de la sociedad civil ceutí y de las numerosas asociaciones y colectivos que han respondido desde la solidaridad, la convivencia y la defensa de los derechos humanos. Esta respuesta demuestra que frente a los discursos de odio existe una alternativa basada en la cooperación, el compromiso y la dignidad de todas las personas.
La Federación Española de Municipios y Provincias debe preservar su carácter plural y su funcionamiento basado en el diálogo y el consenso. Una situación de esta trascendencia exige cooperación institucional y una posición común, no la utilización partidista de una institución que representa al conjunto del municipalismo español.
Por todo ello, presentamos ante el Pleno la siguiente Moción de Urgencia:
1. Mostrar la solidaridad de la Diputación de Zamora con el conjunto del pueblo de Ceuta y con todas las personas que viven en la ciudad, con independencia de su origen o nacionalidad.
2. Condenar la instrumentalización de las personas migrantes, especialmente las niñas y los niños como mecanismo de presión política o geopolítica por parte de cualquier Estado o actor político, rechazando expresamente los discursos que responsabilizan a las propias personas migrantes de una situación de la que son, en gran medida, víctimas.
3. Instar al Gobierno de España a defender con firmeza la soberanía nacional frente a cualquier presión o injerencia exterior, garantizando al mismo tiempo que todas sus actuaciones respeten los derechos humanos y las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país.
4. Exigir una respuesta humanitaria e institucional más rápida, eficaz y coordinada, con información suficiente, una adecuada evaluación de la emergencia y la movilización inmediata de los recursos necesarios.
5. Defender una verdadera corresponsabilidad territorial en la acogida y protección de las personas migrantes y, especialmente, de los menores extranjeros no acompañados, mediante mecanismos legales, permanentes y estructurales en los que participen todas las comunidades autónomas.
6. Rechazar cualquier intento de utilizar electoralmente la emergencia de Ceuta para alimentar discursos racistas, xenófobos o antiinmigración, así como cualquier acción política que convierta a las personas migrantes en chivo expiatorio.
7. Defender el carácter plural de la Federación Española de Municipios y Provincias, reclamando que sus convocatorias y pronunciamientos se impulsen mediante el diálogo, la consulta y el consenso entre las fuerzas políticas representadas, y rechazando su utilización partidista.
8. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España, al Ministerio de Juventud e Infancia, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a la Ciudad Autónoma de Ceuta, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y al Gobierno de Castilla y León.