IU propone a la Diputación promover normas urbanísticas municipales para que los ayuntamientos regulen las instalaciones de energía verde y macrogranjas en todos los municipios de Zamora
Según los datos del Sistema de Información Urbanística de Castilla y León (SiuCyL) de marzo de este año, en la provincia de Zamora hay: 3 municipios (Zamora, Benavente y Toro) con Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); 60 municipios sin ningún tipo de plan de urbanismo; 94 solamente con Delimitación de Suelo Urbano (DSU); 22 con Normas Subsidiarias Municipales (NS) que en algunos casos se están transformando en Normas Territoriales (NUT), y 70 con Normas Urbanísticas Municipales propias (NUM).
De 249 municipios solamente 73 han aprobado normas de regulación del urbanismo en su ámbito, 94 han delimitado el suelo urbano, 22 se rigen por normas subsidiarias de ámbito territorial y, lo que es más importante, aún hay 60 municipios, una cuarta parte, sin planeamiento urbanístico.
Es evidente que la propuesta que va a Pleno para subvencionar el Planeamiento Urbanístico Municipal para dos municipios por 95.000€ (ampliable a otros dos más por la misma cantidad) es absolutamente insuficiente.
Pero siendo este importante asunto, los datos revelan la falta de competencias de los ayuntamientos para regular en su término municipal las instalaciones de producción de energía y de macrogranjas que están instalándose en el territorio con permiso de la Junta, con oposición vecinal en muchos casos, y sin que los ayuntamientos cuenten con las armas administrativas necesarias para decidir sobre su implantación o al menos su regulación.
De los 245 municipios sin PGOU, 176 no pueden hacer frente a la proliferación de estas instalaciones: 60 porque no tienen plan, 94 porque sólo han delimitado el suelo urbano pero no todo el término municipal, y 22 porque se regulan por normas subsidiarias de la Diputación (NS) o de la Junta (NUT).
Pero además hay 107 ayuntamientos con instrumentos de planeamiento que son anteriores al año 2.000, antes de la proliferación de estas construcciones. Y que sumados a los 60 sin plan, son 167 municipios que no han regulado estas instalaciones en la medida que el planeamiento urbanístico se lo podría permitir.
Además de la regulación en los ayuntamientos mediante la elaboración de planes y normas urbanísticas municipales, la Diputación puede regular la implantación de estas instalaciones en las Normas Subsidiarias Municipales, así como la Junta en la Normas Urbanísticas Territoriales.
Por otro lado, insistimos desde IU en recordar el compromiso anunciado por la Junta de implantar un Plan Regional de Instalaciones de Producción de Energía Verde, que se está retrasando con la excusa de la necesidad de un Plan Nacional, que tampoco existe.
Mientras Junta y Estado reclaman un Plan que nunca llega, la provincia sigue ocupándose por estas instalaciones sin más requisito que el estudio de impacto ambiental localizado en un término, que no tiene en cuenta la proliferación de estas instalaciones en el entorno y sus consecuencias para la población zamorana.
Por todo ello, desde el Grupo de IU presentamos la siguiente moción de urgencia:
1.Promover en todos los municipios la elaboración de Normas Urbanísticas Municipales, y la revisión de los planeamientos urbanísticos anteriores al año 2.000 que regulen las instalaciones de macrogranjas, energías verdes y cualquier otra que pueda repercutir en el medio ambiente de los pueblos.
2.Incluir en la Normas Subsidiarias Municipales la regulación de estas instalaciones en colaboración con cada ayuntamiento.
3. Instar a la Junta de CyL a regularlas en las Normas Urbanísticas Territoriales.
4. Instar a la Junta de CyL como había comprometido públicamente y al Gobierno de España a elaborar Planes en su ámbito para la regulación de estas instalaciones de energía verde y macrogranjas, con el fin de garantizar el equilibrio entre la población, la producción de energía y el desarrollo sostenible y humano del territorio.
5. Instar a la Junta a establecer una moratoria en la construcción de estas instalaciones hasta que se regulen en los Planes regionales y estatales, y en los planes o normas urbanísticas de los municipios.