Antes de que las mujeres pudieran incorporarse de forma generalizada al empleo asalariado, ya trabajaban. Lo hacían en el ámbito doméstico, en el campo, en la economía informal y en todas aquellas tareas imprescindibles para sostener la vida. Un trabajo esencial, no remunerado, invisible y sin de derechos, que aún hoy continúa existiendo y siendo sostén del capitalismo. La exclusión del mercado laboral no protegía a las mujeres, las subordinaba y las condenaba a una dependencia económica estructural, dejándolas fuera de cualquier marco de derechos. La división sexual del trabajo no fue natural, sino una forma de organizar la sociedad que beneficia al capital y que ha permitido sostener la desigualdad durante generaciones.
Cuando las mujeres accedieron al empleo fuera del hogar, lo hicieron en condiciones de profunda desigualdad. Entraron mayoritariamente en los sectores peor pagados y más precarios, bajo la idea de que su salario era complementario y no central para el sostenimiento de la vida. Aunque se conquistaron derechos fundamentales y se produjeron avances legales importantes, la igualdad fue esencialmente formal, ya que la desigualdad material no desapareció, se transformó.
En la actualidad, la brecha salarial en el Estado español se mantiene en torno al 16 %, lo que significa que las mujeres trabajan gratis dos meses al año. Esta desigualdad no es puntual, sino consecuencia de salarios más bajos y peores condiciones laborales, derivadas en muchos casos de calcificaciones profesionales inferiores a las reales, incumpliendo así la obligación legal de dar al trabajo igual una igual remuneración. A esto se suman trayectorias profesionales interrumpidas por una maternidad que sigue penalizando profesionalmente, mientras la conciliación se individualiza y los cuidados continúan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Hoy siguen ocupando el centro de la precariedad: somos mayoría en la temporalidad, en la parcialidad no deseada y en los contratos más frágiles. Más de siete de cada diez contratos a jornada parcial están ocupados por mujeres, y en la mayoría de los casos no responden a una elección libre, sino a la falta de alternativas. Esta parcialidad reduce ingresos, cotizaciones y pensiones, y condiciona toda la vida laboral. Del mismo modo, las excedencias y reducciones de jornada por cuidados siguen teniendo rostro de mujer porque el sistema obliga a elegir entre empleo y vida ante la insuficiencia de servicios públicos y la mercantilización de los cuidados.
A esta realidad se suma el suelo pegajoso, que mantiene a las mujeres concentradas en los empleos peor remunerados, y el techo de cristal, que limita su acceso a los puestos de responsabilidad y toma de decisiones, incluso cuando cuentan con la misma o mayor formación que sus compañeros. Los avances en representación política o institucional no han sido fruto de una apuesta espontánea por el talento femenino, sino consecuencia de medidas obligatorias como las listas cremallera y las normas de paridad. La experiencia demuestra que, sin estas herramientas, las estructuras de poder tienden a reproducirse a sí mismas y a elegir perfiles similares a los que ya están dentro. No es una cuestión de valía, sino de inercias, redes de poder y decisiones que históricamente han favorecido a los mismos. Por eso, sin medidas que obliguen a abrir espacios, la igualdad real no avanza y el crecimiento profesional de las mujeres sigue siendo más lento, más costoso y, en demasiadas ocasiones, bloqueado.
Esta desigualdad se agrava entre las mujeres jóvenes, que se incorporan al mercado laboral con estas desigualdades frente a sus compañeros. La precariedad ya no es una etapa transitoria, sino un horizonte vital. Desde el inicio afrontan una penalización anticipada ligada a la maternidad y a los cuidados, lo que retrasa la emancipación, condiciona sus proyectos de vida y construye su futuro sobre la incertidumbre.
Frente a esta realidad, no bastan los discursos ni los gestos simbólicos. Erradicar la desigualdad exige decisiones políticas concretas: acabar con la temporalidad y la parcialidad impuesta, garantizar salarios dignos y empleo estable, asegurar que la maternidad y los cuidados no penalicen las carreras profesionales, y desplegar servicios públicos de cuidados suficientes y universales. Exige transparencia salarial, promoción profesional igualitaria y presencia real de mujeres en los espacios de decisión para romper el techo de cristal.
Nada de esto es compatible con un modelo económico que convierte la precariedad en norma, por eso se promueve un feminismo sin conflicto y se intenta borrar el apellido trabajadora del 8M. Nombrarlo implica señalar responsabilidades y cuestionar un sistema que necesita desigualdad para funcionar.
Reivindicar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora es afirmar que la igualdad real pasa por poner la vida y el trabajo digno en el centro. Desde Izquierda Unida Zamora, su área de juventud y el PCE defendemos un feminismo de clase, organizado y combativo, que sitúe a la mujer trabajadora como sujeto político imprescindible.
Este 8 de marzo no aceptamos el borrado del apellido. Porque sin mujeres trabajadoras no hay economía. Porque sin derechos laborales no hay igualdad. Y porque el 8M no se celebra, se lucha.