IU presenta en la Diputación de Zamora una moción de apoyo al derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y de rechazo al plan de autonomía de Marruecos

La Marcha Verde, cuyo 50 aniversario se cumple en noviembre de este año, supuso uno de los episodios más vergonzosos y trascendentales de la historia reciente de España y de la diplomacia internacional. En noviembre de 1975, mientras España atravesaba los momentos finales de la dictadura franquista y una grave crisis política, el Estado español, con la connivencia de la Jefatura del Estado y la presión internacional, abandonó de facto al pueblo saharaui, entregando el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania en flagrante violación del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas, que exigían la celebración de un referéndum de autodeterminación. La Marcha Verde, orquestada por Marruecos para forzar la salida española, se convirtió desde entonces en símbolo de la ocupación y de la traición a un pueblo al que España debía proteger y garantizar su derecho inalienable a decidir su futuro.

Aquel abandono desencadenó una ocupación militar impuesta “a sangre y fuego” sobre los legítimos habitantes del territorio, tal y como documentan infinidad de testimonios, informes internacionales y el trabajo incansable de organizaciones sociales y políticas. Miles de saharauis fueron perseguidos, encarcelados, forzados al exilio o forzados a resistir en condiciones infrahumanas, tanto en los territorios ocupados por Marruecos como en los campos de refugiados de Tinduf. Durante estos cincuenta años, la represión, la desaparición forzada de activistas, la invalidación de cualquier forma de disidencia y el expolio de los recursos naturales han sido práctica habitual de la potencia ocupante, a pesar de la condena reiterada de organizaciones internacionales de derechos humanos y del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha sentenciado en distintas ocasiones la ilegalidad de los acuerdos que explotan recursos del Sáhara sin el consentimiento de su población.

Lejos de asumir la responsabilidad histórica y jurídica que le corresponde como antigua potencia colonial y administradora del territorio, España no sólo incumplió sus compromisos y obligaciones internacionales en 1975, sino que ha seguido - hasta el presente- manteniendo una lamentable posición de silencio, tibieza o, directamente, complicidad con la ocupación. La reciente decisión del Gobierno español de respaldar unilateralmente la llamada “autonomía” marroquí ha supuesto una auténtica traición a los principios democráticos, al consenso tradicional de la política exterior española y, sobre todo, a los compromisos asumidos con el pueblo saharaui, socavando la credibilidad de España en el mundo y rompiendo el consenso progresista nacional e internacional sobre este conflicto.

Esta postura ignora el derecho inalienable del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro mediante un referéndum de autodeterminación, consagrado por más de 60 resoluciones de Naciones Unidas y expresamente reconocido por la Corte Internacional de Justicia y la mayoría de la comunidad internacional, que rechaza de plano cualquier “solución” impuesta sin consultar a los propios saharauis. Presentar el plan marroquí como “serio, realista y creíble” -como hizo el Gobierno español en 2022 y ha repetido recientemente, desoyendo tanto al pueblo saharaui como al movimiento solidario internacional- sólo contribuye a consolidar una ocupación militar y una sistemática violación de los derechos humanos.

Es inadmisible que, al calor de intereses geoestratégicos, económicos, migratorios o de seguridad, el Estado español utilice el Sáhara Occidental como moneda de cambio, amparando el saqueo de los recursos naturales y el sufrimiento de una población a la que, según el derecho internacional, sigue debiendo protección y compromiso efectivo con la descolonización. No se pueden justificar, con ningún argumento de Estado, la opacidad de las negociaciones con Marruecos ni la complicidad con quienes imponen el terror y el exilio a miles de hombres, mujeres, niños y niñas saharauis. Tal omisión, además, deslegitima el prestigio de España como país comprometido con los derechos humanos y refuerza la impunidad de quienes violan sistemáticamente la legalidad internacional y los derechos básicos del pueblo saharaui.

Por todo ello, desde el Grupo de Izquierda Unida en la Diputación, presentamos ante el Pleno la siguiente moción de urgencia:

I- Reafirmar el compromiso de la Diputación de Zamora con el pueblo saharaui y su derecho de autodeterminación tal y como establecen las resoluciones de Naciones Unidas, exigiendo al Gobierno de España una política exterior alineada con dichos principios y el derecho internacional. 

II-Manifestar la condena al régimen de ocupación de Marruecos y sus tácticas de represión, violación e derechos humanos y expolio de los recursos saharauis.

III- Exigir al Gobierno de España que retire su apoyo al llamado plan de autonomía de marruecos y que impulse junto con otros estados y organismos internacionales la celebración inmediata de un referéndum de autodeterminación efectivo justo y libre 

IV- Expresar la solidaridad de la provincia con el pueblo saharaui, su reivindicación de libertad y el reconocimiento de la deuda moral, política y legal con el Sahara occidental. 

V- Enviar el acuerdo de los puntos al Gobierno de España, a la Delegación Saharaui para España y a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado.