Moción para informar y regular en las normas urbanísticas las instalaciones de producción de energía ante la conflictividad vecinal por su implantación
La conflictividad surge entre las personas e instituciones que las consideran un perjuicio para los pueblos y el asentamiento de la población, y quienes piensan que son el futuro para el desarrollo de esta provincia.
Creemos que ante estas situaciones, y con absoluto respeto a las distintas opiniones y a la autonomía municipal, se debe promover desde la Diputación un debate serio sobre las instalaciones de producción de energía y su implicación en el desarrollo provincial. Puesto que muchos ayuntamientos se encuentran en situaciones de “soledad” –similar a la de sus vecinos- para resolverlos.
Así mismo, y continuando con la energía, se está produciendo en el marco de la reversión a la Administración Estatal de los embalses de la provincia -debido a la caducidad de algunas concesiones de explotación- un movimiento de los municipios afectados por embalses para intentar compensar la deuda histórica de los pueblos cuyo término municipal fue ocupado para la instalación hidroeléctrica. Una reivindicación que también debe ser defendida -como hasta ahora se ha hecho con los impuestos municipales a las instalaciones de energía- por la Diputación.
Por otra parte, los ayuntamientos disponen de un arma para regular su territorio y establecer condiciones a las instalaciones de energía –de la misma manera que a las agrícolas o ganaderas- a través de las normas urbanísticas, que en muchos casos dependen de la Diputación.
Como de muchos de estos proyectos depende el futuro de los pueblos de la provincia, deben ser los habitantes de ésta y sus representantes en instituciones cercanas -ayuntamientos y entidades locales- los que tomen las decisiones, en conjunto con los vecinos a quienes representan. Y no las empresas instaladoras con el apoyo de instituciones lejanas.
Por ello, proponemos al Pleno de la Diputación la siguiente moción de urgencia:
I- Promover desde la Diputación un debate sobre la producción de energía en la provincia y el desarrollo de los pueblos en los marcos ya creados -como el Consejo de Alcaldes o el Instituto de Estudios Zamoranos- o a través de convenios con universidades, asociaciones y otras entidades. Garantizar la extensión de estos debates e información a los municipios directamente afectados por las instalaciones.
II- Instar a la Junta, a los Ayuntamientos y a la propia Diputación -para municipios menores de 500 habitantes con normas subsidiarias- a que en la elaboración de las Normas Urbanísticas Territoriales (NUT) se tenga en cuenta las posibilidad de regular urbanísticamente la instalación de plantas de producción de energía, granjas industriales productoras de residuos destinados a éstas y otras instalaciones asociadas, con el fin de que decidan en su caso la inclusión de su regulación en las NUT, y los términos en que quieran hacerlo.
III-Requerir a las instituciones competentes un marco jurídico estable y seguro que respete los derechos de los municipios sobre sus bienes afectados por las instalaciones de producción de energía.
IV- Instar al Gobierno a que en el desarrollo normativo contemple la singularidad de los municipios afectados por centrales hidroeléctricas y embalses, modificando en su caso las disposiciones legales para garantizar la reversión de beneficios mediante compensaciones a los Ayuntamientos.