IU pide responsabilidades en la Diputación por no aplicar la cláusula de reversión a los terrenos adquiridos para biorrefinería de Barcial del Barco
Tras las declaraciones públicas del actual presidente de la institución diciendo primero que su intención era alquilar los terrenos a la promotora (cuando el anterior equipo de gobierno los iba a ceder gratuitamente), y recientemente que se adjudicará en concurrencia competitiva abierta al mejor postor, los diputados provinciales de IU hemos tenido conocimiento de que la diputación no ha hecho uso de la cláusula de reversión de terrenos a ECOBARCIAL. Y sería propietaria definitiva de los terrenos que se compraron en Barcial del Barco.
La primera sorpresa es que, después de no haber tenido ninguna información, los terrenos adquiridos para biorrefinería sean propiedad definitiva de la Diputación que, a requerimiento de los informes técnicos, había establecido como cautela la cláusula de reversión en el caso de que fracasara el proyecto de la empresa a la que se cedían, con el fin de evitar perjuicios a la institución.
En el año 2022 y por el procedimiento de adquisición directa sin concurso, se compraron a la empresa Ecobarcial por 307.000 € unos terrenos con el fin de “poner el terreno a disposición de una empresa que se comprometa, de un modo firme y fehaciente, a la implantación en él de una industria de biorrefinería multifuncional.”, tal y como se recoge en un Decreto del 11 de diciembre de 2020.
La cláusula de reversión era la garantía ante las advertencias de los técnicos del riesgo y perjuicio a la institución si no se construía, por emplear recursos que “devendrían en ineficaces”. Tal y como consta en los informes técnicos que acompañan al expediente administrativo:
- Desde el servicio de Contratación se advertía que “toda vez que la consecución de dicho fin no depende de la voluntad de esta Diputación sino de un tercero y que en este momento procedimental no consta dicho compromiso firme y fehaciente (…) podría llegar a no cumplirse el fin.”
- Con más contundencia si cabe, la Secretaría General afirmaba que de no llevarse a cabo “se produciría un perjuicio para la Diputación, que habría empleado unos recursos (fundamentalmente económicos) que devendrían en ineficaces”.
- Algo corroborado por la Intervención: “existe un riesgo para esta institución provincial (…) y, por tanto, de no llevarse a cabo tal objetivo, se produciría un perjuicio económico. “
Pese a las advertencias desde sus inicios de los servicios de Contratación, Secretaría General e Intervención, el perjuicio para la Diputación se ha materializado, porque no se ha aplicado la cláusula de reversión de los terrenos a ECOBARCIAL, que debería haberse hecho en el caso de que en 24 meses no se hubiera puesto a disposición por la Diputación el terreno al promotor de la biorrefinería. Un plazo que fue ampliado in extremis en el año 2022, hasta el día 6 de enero de 2023.
Independientemente de la judicialización del asunto en los tribunales por parte de la empresa zamorana promotora, y de las acusaciones de ésta a políticos de la Junta de Castilla y León, podemos concluir que Barcial del Barco y la provincia de Zamora parece que se han quedado sin un proyecto de biorrefinería promovido por un emprendedor de la tierra, mientras proliferan otros proyectos de producción de bioetanol con gran contestación social en los municipios donde pretenden instalarse.
Y por lo que afecta a la Diputación: la institución ha cargado con unos terrenos que fueron caros porque tenían licencias medioambientales para construir el proyecto de biorrefinería, y que ahora no le sirven para nada, e intenta venderlos o alquilarlos al mejor postor.
El gobierno actual del PP en la diputación, heredero del anterior del PP mayoritario y Ciudadanos de presidente, no puede volver a lavarse las manos ante un error de 307.000 € que necesitan muchos pueblos de la provincia y que se han destinado a adquirir un terreno que no necesita.
Si la Junta de Castilla y León tiene alguna responsabilidad en el fracaso de un proyecto por el que apostamos todos los grupos de la Diputación, con la confianza de que existía apoyo institucional, debería exigir a la Junta explicaciones.
Y por ambas razones: la responsabilidad política por el perjuicio económico a la Diputación y a los pueblos de Zamora de 307.000€; y por la falta de exigencia de explicaciones a la Junta. Desde IU exigimos responsabilidades políticas al PP y explicaciones a los zamoranos y zamoranas de lo sucedido.