El Ministerio de Justicia lleva tiempo planteando una reforma integral de los Registros Civiles. La ley 20/2011 es la que regula esta reforma y en la misma sólo se mantendría una oficina del Registro Civil en cada CCAA y, como máximo, otra más por cada 500.000 habitantes. Mientras que en la actualidad nuestra comunidad de Castilla y León cuenta con un número similar al de municipios (2248), con la aplicación de la citada reforma pasaría a contar únicamente con cuatro o cinco.
Hasta ahora y desde hace 150 años, todos los trámites que se realizan ante cualquier Registro Civil (matrimonios, nacimientos, defunciones) son totalmente cercanos a la ciudadanía y realizados por personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia o personal idóneo de los ayuntamientos. Con la materialización de este proyecto de reforma de la distribución los Registro Civiles desaparecerían en la mayoría de las medianas y pequeñas poblaciones.
Con el traslado de dichos registros a las capitales se está obligando a los vecinos de las localidades más pequeñas, a cubrir decenas de km para ejercer su derecho, pagando los honorarios correspondientes, a gestorías o despachos profesionales, además de suponer un deterioro en la dinámica social y económica de los medianos y pequeños núcleos de la de población.
Para el próximo 30 de junio de 2020 está prevista la entrada en vigor de la citada Ley 20/2011 del Registro Civil.
Para el Grupo de IU, de producirse la supresión de este servicio público, una vez más, serán los vecinos de las pequeñas localidades los paganos que sufrirán una nueva discriminación hacia la tan mentada “España vaciada”. Otra más, y nos tememos que no será la última.
Por ello, desde el Grupo de IU presentamos al Pleno la siguiente moción de urgencia:
1. La Diputación rechaza el cierre de los Registro Civiles de manera indiscriminada, sin criterio y sin generación de valor en relación a la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
2. La Diputación defiende el valor del Registro Civil como instrumento básico y esencial que presta un servicio directo a sus vecinos.
3. La Diputación solicitará ante el Gobierno de España una prórroga de la ley 20/2011 con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos de los municipios con menos habitantes que deben mantener el acceso cercano a los servicios prestados por los Registros Civiles.