IU denuncia que la candidata clara San Damián promovió un contrato abusivo contra el Ayuntamiento de Zamora

Desde el 14 de abril de 2014 el Ayuntamiento se hace cargo de todos los gastos de mantenimiento del Banco de España. A pesar de que la renta se pactó desde el 1 de enero de 2105 y que las obras no estarán antes de finales de 2016

El Interventor calificó el contrato como “abusivo” en su momento y ahora comienzan a verse los efectos del mismo. El Estado, cuya representante en Zamora es Clara San Damián, a la sazón candidata a la Alcaldía, promovió un contrato de alquiler del Banco de España cuya letra pequeña atornillaba al máximo al Ayuntamiento en una operación “desequilibrada” entre las partes tal y como en su día decían algunos informes.

En el archivo se adjunta una factura del mantenimiento de los jardinesque rodean el edificio, y que según consultas de IU, se facturan al Ayuntamiento desde el mismo día de la firma del contrato (14 de abril). Es decir desde esa fecha el Ayuntamiento se ha hecho cargo de todos los gastos y tendrá que decir el PP, además de los jardines, de qué otros gastos se ha hecho cargo, como puede ser la seguridad. Por supuesto ya se ha hecho cargo de todos los tributos, como el IBI.

Ello quiere decir que, además de los 7.500€ mensuales a partir del 1 de enero de 2015, hay que hacer frente a otros gastos desde el 14 de abril de 2014, lo que añadido a que la obra no estará finalizada antes de finales de 2016, significa que antes de entrar a utilizar el edificio el Ayuntamiento habrá abonado bastante más de 200.000€. ¿Cómo justifica esa cantidad la Subdelegada del Gobierno si, en su caso (que no lo creemos), fuera Alcaldesa de la Ciudad?

Falta por aprobar en Junta de Gobierno el Proyecto realizado y licitar la obra, lo cual a dos meses de las elecciones ya no se hará hasta bastante después del verano. La obra no estará finalizada como mínimo hasta el final de 2016. De ahí, que hablemos de un gasto de alquiler previo y mantenimiento superior a los 200.000€ simplemente por nada.

El contrato leonino firmado entre Segipsa y el Ayuntamiento contemplaba lo siguiente:

1. Los impuestos y tasas corren a cargo del arrendador. Eso significa que el Ayuntamiento ya no cobrará al Estado los 18.000€ de IBI al año que estaba pagando el Banco de España. Hay que añadir los gastos derivados de la obra, en concreto el impuesto de construcciones y la licencia que supondrían unos 26.000€ de una sola vez.

2. Respecto del coste de las obras, lo único claro es que el Estado (Segipsa) aportará hasta un máximo de 346.000€ y el resto correrá a cargo del Ayuntamiento. El Arquitecto Municipal valora las obras a realizar en 762.790€, lo que significa que el Ayuntamiento debería poner como mínimo el resto, es decir, 416.790€.

3. Como decimos, el Interventor informaba que se trataba de un “contrato abusivo”. Su  Informe decía que:

“El contrato propuesto incurre en desequilibrio imponiendo condiciones que podrían llegar a ser, no sólo antieconómicas, sino incluso abusivas. La duración del contrato por 10 años con obligación del Ayuntamiento de pagar las rentas correspondientes a los mismos (lo que implica la obligación de asumir, entre renta y obras, un coste aproximado de 1,5 millones de Euros), la transmisión total de todos los riesgos del negocio a la Administración, incluyendo los riesgos de la obra necesaria para simple habitabilidad del inmueble (no sólo de la adaptación para el uso pretendido) que, de superar los costes previstos, se asumirían por el Ayuntamiento, así como los riesgos de demora en las obras, incluida la demora en la obtención de licencia, (transcurridos 7 meses desde la firma del contrato, debe iniciarse el pago de la renta aunque las obras no hayan finalizado), la paradójica alteración de las relaciones jurídicas tributarias establecidas en las leyes-estatales por una sociedad de titularidad estatal, tanto en cuanto a las relaciones jurídicas existentes, como en las que se puedan establecer, trasladando la carga de todos los tributos presentes y futuros que graven la propiedad, y no sólo de aquellos que graven el uso, la traslación al arrendatario de todos los costes de mantenimiento del inmueble, incluidos aquellos que, especialmente en contratos de duración tan prolongada, corresponden necesariamente a la propiedad, llegando al extremo de desnaturalizar totalmente el contenido propio de los contratos de arrendamiento al no garantizar el propietario el uso pacífico del inmueble, son aspectos que deben ser corregidos. La aprobación del contrato propuesto, sin reequilibrar las condiciones del clausulado tanto en cuanto a asunción de riesgos, derechos y obligaciones, resultaría lesiva para la hacienda municipal no justificada por la naturaleza supuesta del contrato.”

El Estado no ha sido generoso con el Ayuntamiento. Como Subdelegada del Gobierno podrá mostrarse satisfecha con el contrato. Pero como candidatadel PP a la Alcaldía de Zamora, no puede mostrarse orgullosa de esta operación porque no ha defendido los intereses de esta ciudad.