La Diputación da una subvención nominativa para arreglo de caminos rurales a la Mancomunidad Tierra de Campos por “vicisitudes” en la tramitación electrónica de la convocatoria
La Mancomunidad Tierra de Campos solicitó en plazo la subvención para reparación de los caminos rurales provinciales pero la Diputación no tuvo conocimiento por “diversas vicisitudes relacionadas con su tramitación en el registro de la Plataforma de tramitación electrónica GESTIONA”.
En el acta de la Junta de Gobierno de 10 de octubre se aprueba una subvención nominativa de 19.141€ a través de la firma de un convenio de colaboración financiera con la mancomunidad Tierra de Campos “para la realización de obras de reparación de caminos rurales mediante la contratación de trabajadores”.
Con este convenio se enmienda un error de la propia Diputación en la tramitación de la convocatoria por concurso público en régimen de concurrencia publicada en el BOP de 9 de mayo de 2018, en la que se señala que los caminos rurales favorecen la vertebración del territorio y el desarrollo local porque “favorecen la realización de las labores agrícolas y facilitan el acceso de los vecinos a los mercados, servicios de salud, educación , de crédito, etc., generando mayores oportunidades de empleo.”
Esta convocatoria pública y abierta se resolvió por decreto 3123/2018 el día 2 de julio por un total de 200.000€, sin incluir la Mancomunidad de Campos, aunque posteriormente se comprobó que ésta había presentado la solicitud el 4 de junio y por lo tanto dentro del plazo, aunque en el Servicio de Desarrollo Económico no tenían conocimiento por las citadas vicisitudes.
Cuando se comprueba este hecho, la convocatoria está resuelta y el crédito de 200.000€ agotado, por lo que no es posible ampliarlo. A mayores, aunque hubiera habido dinero, la Mancomunidad no podría cumplir con los requisitos de la convocatoria porque la duración de los contratos de los trabajadores era de 90 días y la actividad finalizaba el 30 de septiembre.
Ambas causas, la falta de crédito y la imposibilidad de acabar en plazo la actividad, se consideran suficientes para conceder la ayuda que le hubiese correspondido a la Mancomunidad en la convocatoria (19.141€), de forma directa y excepcional, justificándose en razones de interés público, social y económico.
Ante estos hechos, desde el GRUPO DE IU consideramos que la Diputación ha realizado un esfuerzo por rectificar un error propio que no podemos más que apoyar, porque las consecuencias las pagarían los trabajadores que no se contratarían y los vecinos que tienen derecho a la mejora de sus caminos.
Sin embargo, contrasta esta actuación ante errores propios de la Diputación, con la inflexibilidad de la misma ante los errores o la falta de medios de ayuntamientos, asociaciones y ciudadanos para tramitar electrónicamente sus peticiones, lo que está llevando a muchas asociaciones del medio rural a quedarse sin subvenciones que también son importantes para la vertebración cultural y social del territorio, el desarrollo local y la fijación de la población en los pueblos.
IU presentó en el Pleno del mes de junio, cuando se inició la tramitación electrónica, un RUEGO (se adjunta) para que se estableciera un periodo transitorio de convivencia con el “papel”, basándonos en la falta de cobertura de internet en zona rural y la falta de formación debida a la elevada edad media de los habitantes de la provincia.
Pensábamos que se iba a tener en cuenta este RUEGO a la Presidencia, pero la realidad nos demuestra que no ha sido así, que las asociaciones están perdiendo las subvenciones, y que hasta la propia Diputación comete errores de bulto, que sin embargo arregla al menos cuando quiere, como en este caso, pero no sabemos si hará lo mismo en todos.
Por ello, el GRUPO de IU presentará una MOCIÓN EN EL PLENO para obligar a establecer un periodo transitorio de convivencia de la tramitación electrónica y en papel, y exigiendo que se actúe de igual manera cuando el error lo comete la Diputación –con la cantidad de medios materiales y humanos que tiene- que cuando se equivocan o no pueden hacerlo de otra manera los ayuntamientos, asociaciones y ciudadanos.