Izquierda Unida Zamora

Tras la visita de directivos de Kronospan a Interpanel hace unos meses, el sindicato UGT ha alertado de la amenaza del desmantelamiento definitivo de la fábrica situada en Villabrázaro.  Considera este sindicato que la intención de Kronospan es desmantelar la producción de tableros -para ello han contratado a un centenar de trabajadores centroeuropeos- y enviar la maquinaria a Rumanía o Bulgaria, donde tiene fábricas.  Así mismo afirma que la empresa ha comunicado al Ayuntamiento de Villabrázaro y a la Junta de Castilla y León la intención de llevar a cabo este cierre.  Las declaraciones públicas de propio Alcalde de Villabrázaro han confirmado la posibilidad del cierre de la empresa, y la necesidad de movilizarse para evitarlo. Y a esta llamada del  Alcalde se han unido otros ediles de la zona, como el de la cercana ciudad de Benavente, así como agentes sociales de la zona y de la provincia.

La comunidad educativa en huelga ha exigido la retirada inmediata del Decreto de REVÁLIDAS, impuesto por el gobierno en funciones del PP en contra de las propias Comunidades Autónomas que lo tendrían que aplicar; exige la reversión de los RECORTES educativos, que han supuesto el deterioro de la educación pública con la expulsión de miles de docentes de sus aulas; y la DEROGACIÓN de la LOMCE, que prosigue implantándose, pese a haber sido RECHAZADA por la gran mayoría de la comunidad educativa y por el Congreso de los Diputados hasta en dos ocasiones en los últimos meses. El pasado 29 de julio de 2016, el Gobierno en funciones aprobó en consejo de ministros el Real Decreto 310/2016 por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, pruebas comúnmente conocidas como reválidas, y previstas en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Dichas pruebas, cuya puesta en marcha está programada para este curso 2016

La exigencia de la Unión Europea de garantizar  la estabilidad  presupuestaria  que llevó a reformar el artículo 135 de la Constitución Española priorizando el pago de la deuda, y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que la desarrolló y consagró los principios convencionales de estabilidad financiera a través de una serie de normas fiscales que deben respetar las administraciones públicas españolas con el pretendido objetivo de sanear sus finanzas, provocan que las tres reglas fiscales de oro sean: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda, y el respeto a la Regla de Gasto. Esta última regla es uno  de  los elementos más perversos de  la  Ley al fijar que ninguna administración pueda incrementar su gasto público más del crecimiento estimado del Producto Interior Bruto (PIB) aunque se haya cumplido el objetivo de déficit.

Hemos conocido recientemente que la Comisión Europea ha excluido a la Provincia de Zamora de la ‘hoja de ruta’ del Corredor Atlántico y del plan de trabajo hasta 2030 en Castilla y León, tanto en su trazado ferroviario, como viario, y en los nuevos modelos de plataformas logísticas. Zamora no forma parte del plan definido por el coordinador del eje Atlántico, Carlos Secchi, que establece las medidas y proyectos prioritarios que deben impulsar los estados miembros, en colaboración con las instituciones comunitarias y la iniciativa privada. Este programa, que fija la ruta a seguir a corto, medio y largo plazo, resalta la importancia de los corredores transfronterizos que conectan Portugal con Francia, a través de la red Salamanca- Valladolid-Burgos-Vitoria y Sines/Lisboa-Madrid-Valladolid.

Desde Izquierda Unida de Zamora apoyamos la huelga de estudiantes convocada para el próximo miércoles día 26 de octubre, animando a toda la comunidad educativa a secundarla masivamente como respuesta unitaria frente a la imposición de las Reválidas y para exigir de nuevo la derogación de la LOMCE, así como todos los recortes en la Escuela Pública. Izquierda Unida desde su irrenunciable compromiso con la educación pública, ha venido desarrollando durante los últimos años una intensa campaña contra la LOMCE y contra los recortes educativos por entender que suponen un ataque frontal a la educación pública que promueve un modelo educativo inclusivo, laico y democrático que garantice el derecho de todos y todas a una educación de calidad en condiciones de igualdad. Por ello, en Zamora, Izquierda Unida se une una vez más al conjunto de la comunidad educativa que exige la retirada inmediata del Decreto de Reválidas, impuesto por el gobierno en funciones del PP en contra de las pro

La evolución de la deuda bancaria ha sido muy positiva en el Ayuntamiento de Zamora. Destaca especialmente su evolución en el año 2015 y 2016. En el año 2015 se logró rebajar la deuda en tres millones y medio con respecto al año anterior, quedando pendiente a 31 de diciembre 13.380.000€. Durante el año 2016, se han amortizado anticipadamente más de 6 millones, además de la amortización ordinaria prevista en el presupuesto de 2016. De esta manera es previsible que el año acabe con tan sólo 5 millones de deuda bancaria. Ello nos permite un estimable ahorro en amortización de intereses y capital para el ejercicio 2017. Tal es así que los números son claros en cuanto a lo presupuestado y gastado en los últimos tres años en amortización de capital e intereses en el pago de la deuda: Año 2015: 3.074.000€ Año 2016: 2.432.000€ Año 2017 (presupuesto en tramitación): 1.213.000€

A la reunión han asistido los vecinos, la empresa, la Dirección Técnica, los funcionarios responsables y el equipo de gobierno. Las conclusiones son las siguientes: 1. La empresa se compromete a arreglar cualquier incidencia en los ascensores que pueda surgir en el futuro con relación a la entrada de aguas del exterior. Habrá que esperar, y así se acepta por todos, para ver el resultado de los arreglos del mes julio con relación a este tema. 2. Todas las incidencias menores que puedan presentar los vecinos serán subsanadas en los dos años y medio de garantía que quedan. La empresa lo certifica y el Ayuntamiento se compromete ya que existe una garantía de 230.000€ depositada. La mayor parte de las incidencias se han arreglado al día de hoy, lo cual no obsta para que sigan introduciéndose incidencias a través del registro del Ayuntamiento o a través del arquitecto contratado por los vecinos.

En el Acta de la Junta de Gobierno de 24 de agosto de 2016, se desestima el recurso de reposición presentado por el Obispado de Zamora por la pérdida de la subvención de 55.000 euros para el arreglo de las iglesias de Piedrahita de Castro y Viñuela de Sayago (27.500 € para cada una) correspondiente al Convenio del año de 2014 entre la Diputación y el Obispado para la reparación de iglesias de la Diócesis. La pérdida de la subvención se motiva al no haberse presentado la documentación completa en plazo por parte del Obispado de Zamora, ni haberlo hecho tampoco en plazo durante el periodo de audiencia, pese a haber sido requerido. Consideramos desde IU que el cumplimiento de los plazos es exigible a cualquier subvención en condiciones de igualdad, por lo que sin poner en duda la legalidad de la desestimación del recurso del Obispado, consideramos que se dan dos circunstancias añadidas: - Que la subvención no se convoca en estricta concurrencia competitiva, ya que es el Obisp

La exigencia de la Unión Europea de garantizar la estabilidad presupuestaria que llevó a reformar el artículo 135 de la Constitución Española priorizando el pago de la deuda, y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que la desarrolló y consagró los principios convencionales de estabilidad financiera a través de una serie de normas fiscales que deben respetar las administraciones públicas españolas con el pretendido objetivo de sanear sus finanzas, provocan que las tres reglas fiscales de oro sean: la no superación de un tope de  déficit público, la no superación de un tope de deuda, y el respeto a la Regla de Gasto. Esta última regla es uno de los elementos más perversos de la Ley al fijar que ninguna administración pueda incrementar su gasto público más del crecimiento estimado del Producto Interior Bruto (PIB) aunque se haya cumplido el objetivo de déficit.

Está claro que el PP intenta revolver todo lo que puede de forma torticera y malintencionada con el tema del ARU. Desarmado en sus argumentos, ahora introduce un nuevo tema como que el Alcalde ha ocultado el plazo de   un mes a mayores   para justificar la subvención ante la Junta en el pasado Pleno. La realidad es que se solicitó la ampliación del plazo ante la Junta hace dos meses pero no por la justificación de gastos en sí, sino porque el Ayuntamiento para evitar trámites y gastos a los vecinos del ARU, decidió que el " informe de evaluación del edificio",   un trámite obligatorio a realizar por los vecinos, lo realizara el Ayuntamiento con sus servicios técnicos y gratis para los propietarios. Se necesitaba un poco más de tiempo para evitar estos trámites burocráticos y no para la justificación de gastos que estaba completamente realizada. Sí quería el Ayuntamiento incluir en esa justificación ese "informe de evaluación del edificio" que es obligator