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Los pueblos empiezan a perder subvenciones de la Diputación por la falta de secretarios en los ayuntamientos durante los plazos de justificación

A la falta de otros servicios en zona rural como los sanitarios se une ahora la de los Secretarios municipales

Sólo en la Junta de Gobierno de 24 de octubre se da cuenta de dos municipios que pierden la subvención concedida por la Diputación por la falta de Secretario durante los plazos de su justificación.
Se trata de los siguientes:
  • Tapioles, que pierde 5.000€ de subvención para construcción de tanques de agua elevados para uso agrícola.

  • Villanueva de las Peras que pierde 21.980€ del Plan Municipal de Obras de 2017, para reposición y abastecimiento.

El caso de Villanueva de las Peras, parece especialmente grave porque se pone de manifiesto que está interviniendo en las sesiones de Pleno como Secretario una persona no habilitada legalmente.

En el acta de la Junta de Gobierno consta que existe “informe de fiscalización de la Intervención de fecha 9 de diciembre de 2015 y documento contable de autorización del gasto, en fase A, emitido por la Intervención con fecha 30 de mayo de 2016”.

Esto sería correcto, pero en el acta de la Junta de Gobierno se dice que La Dirección General de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León ha informado que “no se ha efectuado ningún nombramiento temporal a funcionario con habilitación de carácter nacional, ni a ningún otro funcionario, para desempeñar el puesto de Secretaría de clase tercera”, en los municipios de Villanueva de las Peras y Santa María de Valverde, que forman una agrupación para sostener en común el puesto de Secretaría.

Igualmente se recoge que la Presidencia de la Diputación ha comunicado que los servicios que estén tramitando expedientes relacionados con estos dos ayuntamientos “pongan especial atención a esta circunstancia por cuanto aquellos actos y acuerdos adoptados en sesiones plenarias interviniendo como secretario persona no legalmente habilitada al efecto, están viciados de ilegalidad”.

El caso de Tapioles es similar, porque presenta justificación en un momento (11 de octubre de 2017) en el que la secretaría estaba vacante y según la Dirección General de Ordenación del Territorio y Administración Local, no se había nombrado temporalmente a funcionario con habilitación nacional ni a ningún otro para desempeñar el puesto de secretaría de clase tercera.

En este caso, el propio Ayuntamiento de Tapioles reconoce este hecho, y dice que se ha ocupado la plaza de Secretario-Interventor tras el procedimiento legalmente establecido el 2 de febrero de 2018.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Villanueva de las Peras pierde la subvención de 21.980€ y el de Tapioles la de 5.000€ porque no se acepta la justificación por parte de la Diputación.

Desde el Grupo de IU consideramos que estas situaciones de los Ayuntamientos citados no es excepcional, sino que se están dando en muchos otros, aunque sin consecuencias en la pérdida de subvenciones, por la falta de personal habilitado para Secretaría, y por la necesidad de los municipios de agruparse para compartir el Secretario-Interventor por falta de recursos económicos.

Así mismo, consideramos que en algunos casos se incumple el procedimiento para la contratación del puesto de Secretario, tal y como denuncia y controla la Dirección General de Ordenación del Territorio y Administración Local.

La Diputación, por otra parte, tiene la obligación de asistir a los Ayuntamientos de la provincia de manera subsidiaria, y de hecho lo hace a través del Servicio de Asistencia a Municipios enviando personal habilitado como Secretario para realizar los Plenos cuando lo solicitan. Pero no es suficiente.

Por ello desde IU presentaremos una Moción en el Pleno para abordar esta situación, a través de dar la información suficiente y ejercer control a los Ayuntamientos para que realicen las contrataciones de Secretarios de acuerdo con la legalidad, y solicitando al Gobierno y a la Junta el aumento de la financiación local para poder asumir el pago del Secretario-Interventor, que es imprescindible para el funcionamiento de cualquier ayuntamiento.  

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