El Ayuntamiento reclamará 2,5
millones de euros a la empresa que gestionó los aparcamientos de San Martín y
la Constitución
El alcalde considera que no es el momento para la
crítica política sino para "defender los intereses generales del
Ayuntamiento"
Lejos
de aceptar la desorbitada reclamación de 20 millones de euros que la empresa
Iridium ha llegado a solicita al Ayuntamiento por la anulación del contrato de
gestión de los aparcamientos subterráneos del parque de San Martín y la Plaza
de la Constitución, el Ayuntamiento reclamará formalmente la devolución de más
de dos millones y medio de euros en concepto de liquidación del contrato, según
los cálculos efectuados por los servicios municipales con el apoyo de técnicos
externos, que ha dado a conocer hoy el alcalde, Francisco Guarido.
Para
efectuar ese cálculo se han tenido en cuenta el coste de construcción de los
dos subterráneos que el conjunto sumó 3.174.031 euros, de los que hay que
detraer las amortizaciones acumuladas hasta el pasado 30 de junio, cuando se
produjo el traspaso a la nueva adjudicataria, que suman 1.615.490 euros; así como
una subvención de 1.143.200 euros procedentes de fondos europeos percibida por
el Ayuntamiento y aportada a la empresa; la valoración de las deficiencias
detectas y no asumidas por la empresa, cuantificadas en más de 600.000 euros;
el importe de las plazas vendidas a particulares para el periodo de 33 años que
duraba la concesión cuantificadas en 127.582 euros; y a todo ello se suma el
canon anual no abonado al Ayuntamiento desde la suspensión del contrato, que
asciende a 2.305.082. Lo que en conjunto arroja una deuda a favor del
Ayuntamiento de 2.580.151 euros.
Cronología:
Los
aparcamientos subterráneos de San Martín y la plaza de la Constitución terminaron
de construirse en 2001 y 2002, a cargo de la empresa Urbaser con una concesión
administrativa para su explotación durante 33 años. El contrato fue anulado por
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2004, a raíz de una
demanda presentada por una de las empresas concursantes que se consideró
perjudicada.
Tras
los recursos pertinentes el contrato queda definitivamente anulado por el TSJ
en 2006, a consecuencia de lo cual el Pleno acuerda encargar a la empresa que
continúe con la explotación del servicio (ORA y aparcamientos) hasta que se
ejecute la sentencia y se realice la nueva adjudicación del servicio, a lo que
inicialmente el entonces equipo de gobierno del Partido Popular se compromete a
licitar inmediatamente, según recordó el alcalde
Desde
la fecha de anulación del contrato la empresa no paga el canon anual (237.174€
al año, actualizado al día de hoy), argumentando que al no existir contrato no
existe canon; pero las sentencias al respecto indican que, en todo caso, se
verá esta cuestión en la liquidación económica de los aparcamientos, que ahora
se hace.
La
primera propuesta de pago de esas obras al haberse anulado el contrato, por
parte entonces ya de Iridium, la efectúa por un valor de 2.153.000 euros y data
de 2007, cuando ya se había anulado el contrato. Sin embargo a partir de 2008,
la empresa empieza a incrementar de forma incomprensible la reclamación
económica al Ayuntamiento hasta llegar a casi 20 millones, es decir,
multiplicando casi por 9 la petición inicial, o lo que es lo mismo,
"intentó aprovecharse de la situación, cosa que no permitirá este equipo
de gobierno".
Francisco
Guarido asegura que el Ayuntamiento lo que hace ahora es defender los intereses
municipales reclamando una cantidad que está suficientemente avalada por los
técnicos, sin entrar a valorar el hecho de de que se haya prolongado tanto la
solución a este proceso ya que, en su opinión "tampoco es el momento de la
crítica política, sino de defender los intereses generales del
Ayuntamiento".