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El Ayuntamiento reclamará 2,5 millones de euros a la empresa que gestionó los aparcamientos de San Martín y la Constitución

El alcalde considera que no es el momento para la crítica política sino para "defender los intereses generales del Ayuntamiento"

Lejos de aceptar la desorbitada reclamación de 20 millones de euros que la empresa Iridium ha llegado a solicita al Ayuntamiento por la anulación del contrato de gestión de los aparcamientos subterráneos del parque de San Martín y la Plaza de la Constitución, el Ayuntamiento reclamará formalmente la devolución de más de dos millones y medio de euros en concepto de liquidación del contrato, según los cálculos efectuados por los servicios municipales con el apoyo de técnicos externos, que ha dado a conocer hoy el alcalde, Francisco Guarido.

Para efectuar ese cálculo se han tenido en cuenta el coste de construcción de los dos subterráneos que el conjunto sumó 3.174.031 euros, de los que hay que detraer las amortizaciones acumuladas hasta el pasado 30 de junio, cuando se produjo el traspaso a la nueva adjudicataria, que suman 1.615.490 euros; así como una subvención de 1.143.200 euros procedentes de fondos europeos percibida por el Ayuntamiento y aportada a la empresa; la valoración de las deficiencias detectas y no asumidas por la empresa, cuantificadas en más de 600.000 euros; el importe de las plazas vendidas a particulares para el periodo de 33 años que duraba la concesión cuantificadas en 127.582 euros; y a todo ello se suma el canon anual no abonado al Ayuntamiento desde la suspensión del contrato, que asciende a 2.305.082. Lo que en conjunto arroja una deuda a favor del Ayuntamiento de 2.580.151 euros.

La propuesta de liquidación se someterá próximamente a la aprobación del Pleno para que sea ratificada por los grupos municipales previamente a su requerimiento formal a la empresa "que deberá aceptarla o recurrirla, y en ese caso nos veremos en los tribunales", manifestó el alcalde. Guarido aseguró que con esta liquidación "el Ayuntamiento quiere poner las cosas claras a Iridium en aras del interés público", ya que la empresa ha llegado a solicitar una indemnización de más de 20 millones de euros, incluyendo unas cuantificaciones de préstamos y gastos financieros en el proceso de cambio empresarial de Urbaser a Iridium, que nada tienen que ver con los aparcamientos subterráneos, y obviando todas las aportaciones e ingresos percibidos.

Cronología:

Los aparcamientos subterráneos de San Martín y la plaza de la Constitución terminaron de construirse en 2001 y 2002, a cargo de la empresa Urbaser con una concesión administrativa para su explotación durante 33 años. El contrato fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2004, a raíz de una demanda presentada por una de las empresas concursantes que se consideró perjudicada.

Tras los recursos pertinentes el contrato queda definitivamente anulado por el TSJ en 2006, a consecuencia de lo cual el Pleno acuerda encargar a la empresa que continúe con la explotación del servicio (ORA y aparcamientos) hasta que se ejecute la sentencia y se realice la nueva adjudicación del servicio, a lo que inicialmente el entonces equipo de gobierno del Partido Popular se compromete a licitar inmediatamente, según recordó el alcalde

Desde la fecha de anulación del contrato la empresa no paga el canon anual (237.174€ al año, actualizado al día de hoy), argumentando que al no existir contrato no existe canon; pero las sentencias al respecto indican que, en todo caso, se verá esta cuestión en la liquidación económica de los aparcamientos, que ahora se hace.

La primera propuesta de pago de esas obras al haberse anulado el contrato, por parte entonces ya de Iridium, la efectúa por un valor de 2.153.000 euros y data de 2007, cuando ya se había anulado el contrato. Sin embargo a partir de 2008, la empresa empieza a incrementar de forma incomprensible la reclamación económica al Ayuntamiento hasta llegar a casi 20 millones, es decir, multiplicando casi por 9 la petición inicial, o lo que es lo mismo, "intentó aprovecharse de la situación, cosa que no permitirá este equipo de gobierno".

Francisco Guarido asegura que el Ayuntamiento lo que hace ahora es defender los intereses municipales reclamando una cantidad que está suficientemente avalada por los técnicos, sin entrar a valorar el hecho de de que se haya prolongado tanto la solución a este proceso ya que, en su opinión "tampoco es el momento de la crítica política, sino de defender los intereses generales del Ayuntamiento".

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