google-site-verification: googleaccd199c3d209369.html Izquierda Unida Zamora: Moción en oposición al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) Google+

31 de mayo de 2016

Moción en oposición al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP)

Los concejales del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora presentan una moción para la Declaración de Municipio opuesto a la aplicación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), de acuerdo a la fundamentación siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde 2013 la UE y EEUU están negociando, con un intolerable déficit de transparencia y control por parte de la ciudadanía y de sus representantes políticos  un amplio acuerdo de liberalización del comercio y las inversiones que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección  de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general.

En el caso de presentarse conflictos por parte de los inversores con los Estados, un tribunal especial de arbitraje se encargaría de resolverlos de acuerdo con el “Mecanismo de Resolución de Conflictos Inversor-Estado” (ISDS en inglés). Este tribunal tendría competencias para imponer compensaciones económicas de los Estados a los inversores extranjeros, siempre que estos demuestren que aquellos aplican ciertas medidas (p. ej. el aumento de estándares medioambientales o sanitarios) que reduzcan sus beneficios presentes o futuros. El Estado no podría en este caso recurrir la sentencia, ya que las decisiones de los órganos de arbitraje son firmes y no pueden ser cuestionadas.

Esto significa, de hecho, limitar la capacidad de las Administraciones Públicas de cualquier nivel (estatal, autonómico o municipal), para adoptar políticas en las áreas de salud pública, medio ambiente o protección social y laboral por temor a las posibles indemnizaciones a las que tendrían que hacer frente al ser demandados por las ETN.

Asimismo, el TTIP instaura la creación de un ente permanente llamado Organismo de Cooperación Reguladora que supervisará todas las regulaciones y actos normativos de la UE y sus Estados miembros, incluidos los gobiernos a nivel central y local, concernientes a lo estipulado en cualquiera de los capítulos del TTIP,  dando acceso directo a los lobbies empresariales para influir y modificar en su beneficio  la legislación actual y futura. La cooperación reguladora, tal como se pretende establecer en el TTIP tendría como consecuencia que cualquier iniciativa reglamentaria municipal (p. ej. elaboración de las ordenanzas reguladoras de los polígonos industriales que incluyan criterios de sostenibilidad en el marco de las Agendas 21 Locales) podría cuestionarse por las ETN, debiendo pasar un filtro coste-beneficio y una evaluación de impacto comercial para poder aprobarse, lo que en la práctica llevaría a su bloqueo en la mayoría de los casos. Además, las posibles remunicipalizaciones de servicios privatizados por gobiernos anteriores devendrían prácticamente imposibles.

Este tratado supondría la mercantilización absoluta de nuestras vidas y el sometimiento total de la soberanía de los estados a los intereses de las grandes corporaciones.

El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de  prestación de los mismos a las ETN, así como  a las compras y licitaciones  de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas en todos los niveles de poder, y compromete la facultad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la actividad industrial, el empleo  y las  iniciativas locales.

Si las negociaciones sobre el TTIP siguen adelante, la lógica impuesta por este tratado  llevaría al desmantelamiento de los servicios públicos, así como a la pérdida de libertad de los poderes locales para suministrar los servicios necesarios que permitan satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones y la promoción de políticas de fomento de la actividad industrial y del empleo local. 

Esta mayor liberalización de las relaciones comerciales EEUU-UE, tal como está concebida, implicaría una rebaja de los estándares europeos y estadounidenses, es decir, de las regulaciones que protegen al consumidor, a los trabajadores y al medioambiente,  ya que dichas regulaciones se enfrentan a los beneficios de las corporaciones. De esta manera se pondría fin al “principio de precaución” vigente en Europa, el cual regula la legislación sobre alimentación y derechos de los consumidores europeos

Las ciudades y los municipios europeos reconocemos la importancia del comercio de mercancías y de servicios para el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, la competitividad y el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios para determinar los acuerdos comerciales tales como el TTIP y similares (CETA, TISA). Asimismo, los aspectos ecológicos y sociales tienen que tenerse en cuenta en cualquier negociación comercial bilateral o multilateral. También es importante que se realice un análisis comparativo sobre los costes que se generarían en estos ámbitos con la aplicación del tratado respecto a las supuestas ventajas que reportaría el mismo. Este análisis no sólo debe abarcar sus efectos económicos potenciales, sino también los impactos que el TTIP podría tener en ámbitos como el social, el económico, el sanitario, el cultural y el medioambiental, tanto en la UE como en EEUU.

Los gobiernos regionales de la UE, así como a las corporaciones locales y comunidades autónomas del territorio español, tienen derecho a ser informados sobre la legislación que va a ser acordada a escala europea que les pueda afectar, para que de esta manera puedan expresar sus opiniones. Ese derecho no se ha facilitado hasta ahora a las distintas regiones y corporaciones locales europeas respecto a las negociaciones que se vienen produciendo con relación al TTIP.

Las colectividades locales pretenden ampliar el debate público y democrático sobre lo que está verdaderamente en juego tras este tratado, y la suerte que correrían los servicios y compras  públicos en caso de implantarse.

Por lo anteriormente expuesto anteriormente manifestamos que:

- El comercio y la inversión solamente pueden contribuir al bien común y conducir a intercambios económica y socialmente beneficiosos si respetan las necesidades humanas, y no se basan únicamente en el beneficio de los especuladores financieros y de las empresas transnacionales.
-La apertura total de los servicios  y las compras públicas a la competencia del capital privado produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, calidad y coste.

-Los derechos sociales son derechos inalienables, por lo que no pueden depender exclusivamente de la lógica del mercado.

-Sólo la existencia diversificada de servicios públicos socialmente útiles permite asegurar una calidad de vida digna para todos y en todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio real de la democracia

-El control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de nuevos servicios públicos, así como para favorecer la industria y empleo locales

Por todo ello proponemos la siguiente

MOCIÓN

1. El Pleno del Ayuntamiento de Zamora adopta el acuerdo de oposición a la aplicación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), que no acepta ni sus principios ni objetivos, y comprometida en la defensa de los servicios públicos básicos para mantener la cohesión y redistribución social.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Zamora insta al Gobierno a que se comprometa con la transparencia, propiciando debates a todos los niveles y a que informe a las administraciones públicas del proceso de elaboración de dicho Tratado, en tanto en cuanto su contenido afecte a materias de nuestra competencia o de específico interés para nuestro Ayuntamiento y, al mismo tiempo, proceda a abrir un proceso de diálogo interinstitucional al respecto.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Zamora insta a solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de la Nación su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.

4. El Pleno del Ayuntamiento de Zamora insta al Gobierno a solicitar al Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de la Nación, la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, con el objetivo de conseguir: -

- Que mecanismos como el ISDS (Investor-to-State Dispute Settlement) no sean incluidos en éste ni en ningún otro tratado.

- La suspensión de las negociaciones del TTIP y el TISA (Acuerdo Multilateral para la Liberalización y Privatización de Servicios Públicos), y la no ratificación del CETA (Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la UE).

- Defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados de manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente. Defender el principio básico democrático de soberanía e independencia nacional, salvaguardando todas las competencias de un Estado soberano, y voluntad popular.

- Que los acuerdos de comercio e inversión entre la UE y otros países no se limiten a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y ambientales. Preservando, de forma incondicional, los estándares de protección social y medioambiental de la UE, incluida la protección de derechos laborales (libertad de asociación, derechos sindicales y SMI) y de derechos de los consumidores (protección sanitaria y fitosanitaria). –

- Que los servicios públicos sean excluidos de los acuerdos de comercio e inversión entre la UE y otros países.

- Que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público y democrático en España y en el conjunto de la UE y sus respectivos parlamentos nacionales, y, puesto que los postulados del TTIP afectarán directamente a cuestiones vitales de la población, se someta el TTIP a un referéndum vinculante.»

5. Dar traslado de este  acuerdo al Gobierno de España, al de la Comunidad Autónoma de Castilla y León  y a todos los grupos parlamentarios del Congreso  de Diputados y del Parlamento Europeo, para que se registre y quede constancia de la misma