Los concejales del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora presentan una moción para la Declaración de Municipio opuesto a la
aplicación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP),
de acuerdo a la fundamentación siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde 2013 la UE y
EEUU están negociando, con un intolerable déficit de
transparencia y control por parte de la ciudadanía y de sus representantes
políticos un amplio acuerdo de
liberalización del comercio y las inversiones que representa un serio peligro
para la democracia y la debida protección
de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el
interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés
general.
En el caso de presentarse conflictos por
parte de los inversores con los Estados, un tribunal especial de arbitraje se
encargaría de resolverlos de acuerdo con el “Mecanismo de Resolución de
Conflictos Inversor-Estado” (ISDS en inglés). Este tribunal tendría
competencias para imponer compensaciones económicas de los Estados a los
inversores extranjeros, siempre que estos demuestren que aquellos aplican
ciertas medidas (p. ej. el aumento de estándares medioambientales o sanitarios)
que reduzcan sus beneficios presentes o futuros. El Estado no podría en este
caso recurrir la sentencia, ya que las decisiones de los órganos de arbitraje
son firmes y no pueden ser cuestionadas.
Esto significa, de hecho, limitar la
capacidad de las Administraciones Públicas de cualquier nivel (estatal,
autonómico o municipal), para adoptar políticas en las áreas de salud pública,
medio ambiente o protección social y laboral por temor a las posibles
indemnizaciones a las que tendrían que hacer frente al ser demandados por las
ETN.
Asimismo, el TTIP
instaura la creación de un ente permanente llamado Organismo de Cooperación
Reguladora que supervisará todas las regulaciones y actos normativos de la UE y
sus Estados miembros, incluidos los gobiernos a nivel central y local,
concernientes a lo estipulado en cualquiera de los capítulos del TTIP,
dando acceso directo a los lobbies empresariales para influir y modificar
en su beneficio la legislación actual y
futura. La cooperación reguladora, tal como se pretende establecer en el TTIP
tendría como consecuencia que cualquier iniciativa reglamentaria municipal (p.
ej. elaboración de las ordenanzas reguladoras de los polígonos industriales que
incluyan criterios de sostenibilidad en el marco de las Agendas 21 Locales)
podría cuestionarse por las ETN, debiendo pasar un filtro coste-beneficio y una
evaluación de impacto comercial para poder aprobarse, lo que en la práctica
llevaría a su bloqueo en la mayoría de los casos. Además, las posibles
remunicipalizaciones de servicios privatizados por gobiernos anteriores
devendrían prácticamente imposibles.
Este tratado
supondría la mercantilización absoluta de nuestras vidas y el sometimiento
total de la soberanía de los estados a los intereses de las grandes corporaciones.
El TTIP, al perseguir la liberalización total
de los servicios públicos y la apertura de
prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones
Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas
en todos los niveles de poder, y compromete la facultad de los representantes
elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la
actividad industrial, el empleo y
las iniciativas locales.
Si las negociaciones
sobre el TTIP siguen adelante, la lógica impuesta por este tratado llevaría al desmantelamiento de los servicios
públicos, así como a la pérdida de libertad de los poderes locales para
suministrar los servicios necesarios que permitan satisfacer las necesidades
sociales de sus poblaciones y la promoción de políticas de fomento de la
actividad industrial y del empleo local.
Esta mayor
liberalización de las relaciones comerciales EEUU-UE, tal como está concebida,
implicaría una rebaja de los estándares europeos y estadounidenses, es decir,
de las regulaciones que protegen al consumidor, a los trabajadores y al
medioambiente, ya que dichas
regulaciones se enfrentan a los beneficios de las corporaciones. De esta manera
se pondría fin al “principio de precaución” vigente en Europa, el cual regula
la legislación sobre alimentación y derechos de los consumidores europeos
Las ciudades y los municipios europeos
reconocemos la importancia del comercio de mercancías y de servicios para el bienestar
de la ciudadanía. Sin embargo, la competitividad y el desarrollo económico no
deberían ser los únicos criterios para determinar los acuerdos comerciales
tales como el TTIP y similares (CETA, TISA). Asimismo, los aspectos ecológicos
y sociales tienen que tenerse en cuenta en cualquier negociación comercial
bilateral o multilateral. También es importante que se realice un análisis
comparativo sobre los costes que se generarían en estos ámbitos con la
aplicación del tratado respecto a las supuestas ventajas que reportaría el
mismo. Este análisis no sólo debe abarcar sus efectos económicos potenciales,
sino también los impactos que el TTIP podría tener en ámbitos como el social,
el económico, el sanitario, el cultural y el medioambiental, tanto en la UE
como en EEUU.
Los gobiernos regionales de la UE, así como a
las corporaciones locales y comunidades autónomas del territorio español,
tienen derecho a ser informados sobre la legislación que va a ser acordada a
escala europea que les pueda afectar, para que de esta manera puedan expresar
sus opiniones. Ese derecho no se ha facilitado hasta ahora a las distintas
regiones y corporaciones locales europeas respecto a las negociaciones que se
vienen produciendo con relación al TTIP.
Las colectividades locales pretenden ampliar
el debate público y democrático sobre lo que está verdaderamente en juego tras
este tratado, y la suerte que correrían los servicios y compras públicos en caso de implantarse.
Por lo anteriormente expuesto anteriormente
manifestamos que:
- El comercio y la inversión solamente pueden
contribuir al bien común y conducir a intercambios económica y socialmente
beneficiosos si respetan las necesidades humanas, y no se basan únicamente en
el beneficio de los especuladores financieros y de las empresas
transnacionales.
-La apertura total de los servicios y las compras públicas a la competencia del
capital privado produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad,
calidad y coste.
-Los derechos sociales son derechos
inalienables, por lo que no pueden depender exclusivamente de la lógica del
mercado.
-Sólo la existencia diversificada de
servicios públicos socialmente útiles permite asegurar una calidad de vida
digna para todos y en todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio real de
la democracia
-El control público debe preservarse para
garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de nuevos servicios
públicos, así como para favorecer la industria y empleo locales
Por todo ello proponemos la siguiente
MOCIÓN
1. El Pleno del
Ayuntamiento de Zamora adopta el acuerdo de oposición a la aplicación del
Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), que no acepta ni sus
principios ni objetivos, y comprometida en la defensa de los servicios públicos
básicos para mantener la cohesión y redistribución social.
2. El Pleno del
Ayuntamiento de Zamora insta al Gobierno a que se comprometa con la
transparencia, propiciando debates a todos los niveles y a que informe a las
administraciones públicas del proceso de elaboración de dicho Tratado, en tanto
en cuanto su contenido afecte a materias de nuestra competencia o de específico
interés para nuestro Ayuntamiento y, al mismo tiempo, proceda a abrir un
proceso de diálogo interinstitucional al respecto.
3. El Pleno del Ayuntamiento
de Zamora insta a solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas del Gobierno de la Nación su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a
mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.
4. El Pleno del Ayuntamiento de Zamora insta al Gobierno a solicitar
al Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de la Nación, la
suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales
similares, con el objetivo de conseguir: -
- Que mecanismos como el ISDS (Investor-to-State Dispute Settlement)
no sean incluidos en éste ni en ningún otro tratado.
- La suspensión de las negociaciones del TTIP y el TISA (Acuerdo Multilateral para la Liberalización y Privatización
de Servicios Públicos), y la no ratificación del CETA (Acuerdo de Libre
Comercio entre Canadá y la UE).
- Defender
la actual política reguladora de la UE y de sus Estados de manera que no se
pierdan competencias en materias de legislación social, protección al
consumidor y medio ambiente. Defender el principio básico democrático de
soberanía e independencia nacional, salvaguardando todas las competencias de un
Estado soberano, y voluntad popular.
- Que los acuerdos de comercio e inversión entre la UE y otros países
no se limiten a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia
y sean tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y
ambientales. Preservando, de forma incondicional, los estándares de protección
social y medioambiental de la UE, incluida la protección de derechos laborales
(libertad de asociación, derechos sindicales y SMI) y de derechos de los
consumidores (protección sanitaria y fitosanitaria). –
- Que los servicios públicos sean excluidos de los acuerdos de
comercio e inversión entre la UE y otros países.
- Que se termine la actual falta de transparencia de las
negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público
y democrático en España y en el conjunto de la UE y sus respectivos parlamentos
nacionales, y, puesto que los postulados del TTIP afectarán directamente a
cuestiones vitales de la población, se someta el TTIP a un referéndum
vinculante.»
5. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y
a todos los grupos parlamentarios del Congreso
de Diputados y del Parlamento Europeo, para que se registre y quede
constancia de la misma