El Tribunal de Cuentas confirma que las privatizaciones no son más baratas y
escapan al control público
Desde hace años, tanto el PP como el
PSOE han defendido como línea fundamental la gestión de los servicios públicos
mediante adjudicación a empresas privadas. Argumentan que es más barato y se
logra la eficiencia del servicio, lo cual es falso.
El Tribunal de Cuentas ha dicho
recientemente que la gestión privada en los ayuntamientos no es más barata,
entre otras cosas porque tiene que pagar los beneficios empresariales.
El
Ayuntamiento en estos momentos es incapaz de controlar que los contratos se
cumplen y que las plantillas de trabajadores son las establecidas
1. La
municipalización es más barata
Es necesario
abrir de nuevo el debate. Y el Grupo de IU lo va a hacer. Los servicios
municipalizados no pagan gastos generales, ni beneficio empresarial, ni IVA. Ya
de entrada puede estimarse un ahorro del 20% o del 30%, según los casos. Lo que
puede ser verdad es que los servicios municipalizados darían más trabajo a los
concejales. Pero de eso se trata.
La situación
en estos momentos en el Ayuntamiento es alarmante. Ya no se trata de que el PP
opte por las privatizaciones de los servicios, sino de que son incapaces de
llevar adelante esa opción. Los grandes contratos están caducados o están
anulados por sentencia. En estos casos, la misma empresa sigue prestando el
servicio por imperativo legal, ya que los servicios públicos no pueden
abandonarse.
2. Casi
500 trabajadores afectados por esos contratos de servicios
El
Ayuntamiento de Zamora mantiene en las contratas municipales casi 500
trabajadores en distintos servicios. De ellos más de 300 están en estos
momentos afectados por los contratos anulados o totalmente caducados. Es
preciso dar una respuesta desde el Ayuntamiento.
Casi todos
tienen en sus convenios colectivos establecida la subrogación con el cambio de
empresa. Sin embargo ello no quiere decir que tengan garantizado el puesto de
trabajo de forma permanente. En primer lugar, porque se subroga el puesto de
trabajo y no la persona; y en segundo lugar porque la legislación promovida por
el PP va en la línea de no establecer un número mínimo de trabajadores para
cada contrata.
Por eso el
futuro es incierto para esos trabajadores. Si se licita el servicio y en el
Pliego de Condiciones no se concreta un número mínimo de trabajadores, puede
haber disminución del empleo. Si es la empresa, con una cantidad de dinero, la
que organiza el servicio, puede disminuir sustancialmente el número de
trabajadores precarizando sus condiciones.
Transcribimos
la valoración de la prestigiosa Revista de Estudios Locales, dependiente del
Colegio de Secretarios e Interventores y Tesoreros de Administración Local,
sobre el Informe del Tribunal de Cuentas de 29 de noviembre de 2013 que
analizaba si eran más baratas o más caras las privatizaciones de servicios:
“El Tribunal de Cuentas
sobre la Fiscalización del Sector Público Local del ejercicio de 2011 analiza
la prestación de servicios de ayuntamientos españoles de menos de 20.000
habitantes - que son la mayoría del país, el 95% del total - y concluye
literalmente que sale más caro un servicio público cuando lo ofrece una
empresa privada que cuando lo ofrece el ayuntamiento”. En los municipios mayores, evidentemente, es más negocio para
las empresas.