En el pleno del jueves 26 se paga una factura de 2.880€ del Procurador en el caso del Edificio Municipal
Se
trata de un incidente de ejecución de sentencia que cada vez pone más contra
las cuerdas para transferir el dinero de la sentencia a UFC
Los informes del interventor en contra de la elección de abogados
“a dedo” fuerzan un contrato con dos procuradores de Valladolid
La factura es del Procurador que
representaba al Ayuntamiento en Valladolid al tratarse de un recurso ante el
TSJ. En ese recurso de finales de diciembre (nº 2594 del Tribunal Superior de
Justicia), se planteaba un incidente de ejecución de sentencia, y el TSJ
acuerda en la resolución del recurso que
el Ayuntamiento debe pagar ya los 3.565.000€ de la Sentencia del Edificio Municipal.
En primera instancia quien debe
ejecutar la Sentencia es el Juzgado de
lo Contencioso de Zamora, que decretó en el Auto 67 de 20 de mayo de 2014
que, a pesar de haber recurrido el Ayuntamiento ante el Tribunal Constitucional
la sentencia que le condenaba, debía
pagar ya la mencionada cantidad a UFC. Además, ese Auto abría otro
incidente colateral en esa ejecución para que en el plazo de 20 días la
mercantil presentara la cantidad que consideraba debía reclamar por los gastos
financieros.
El Ayuntamiento recurrió el Auto del Juzgado de Zamora ante el TSJ
que determina que debe pagar ya. Le da la razón al Ayuntamiento
en cuanto a los gastos financieros al alegar que la cantidad a determinar ya
estaba en fase de estudio por ambas partes, y no habría un nuevo incidente.
El Ayuntamiento enreda y recurre todo alargando lo inevitable
utilizando la situación de la empresa en concurso de acreedores. Al
estar UFC en concurso de acreedores, el Ayuntamiento ahora le ha pedido al
Juzgado que por estar recurrida la Sentencia ente el TC, le diga un nº de
cuenta bancaria solvente de los gestores concursales para el caso en que dicha
cantidad tenga que volver de nuevo al Ayuntamiento si el TC le da la razón
dentro de unos años.
Lo único que pretende el PP es poder sobrepasar la fecha de las
elecciones municipales de mayo sin que alguien pueda exhibir la
transferencia bancaria inevitable en un futuro inmediato. Es inminente esa
transferencia bancaria por valor de 3.565.000€, y posteriormente lo será la de
los gastos financieros que todavía están por determinar y que corren a razón de 25.000€ al mes desde octubre de 2010. Sumando la cantidad escandalosa gastada en
abogados en este pleito la cantidad será de unos 5 millones por nada.
El Interventor siempre repara las
facturas de abogados y procuradores elegidos a dedo. La Alcaldía por ello ha
realizado un concurso entre varios procuradores de Valladolid para que el
Ayuntamiento tenga representación continuada ante el TSJ. Se ha resuelto con un
contrato menor por el valor máximo de 21.800€. Esto debió hacerse desde el
principio también con los abogados. Hay que recordar que en abogados para este
caso, y elegidos siempre a dedo, el Ayuntamiento lleva gastados casi medio
millón de euros
Un escándalo que hay que recordar
al PP de Vázquez y Valdeón de manera permanente.