IU en contra de la norma por la que los edificios públicos pagan en casi todos los casos y los privados de la Iglesia no paga ninguno
El Ayuntamiento deniega la pretensión de la Subdelegación para que
no pague IBI el edificio de la Confederación Hidrográfica del Duero (antiguo Sempa)
El impuesto de Bienes inmuebles es el principal elemento
financiador de los ayuntamientos. La
normativa que lo regula (Ley de Haciendas Locales, LHL) nos parece
completamente desfasada e injusta.
Valga el ejemplo siguiente: a un edificio público como es el situado en la
Avda. de las Tres Cruces y que actualmente es la sede de la Confederación
Hidrográfica del Duero y de Muface, se le ha denegado la exención.
El Estado ha solicitado la exención (anteriormente pagaba 2.500€),
pero el Ayuntamiento se la ha denegado. La
Ley es tan injusta que deja fuera a estos edificios públicos pero admite todas
las exenciones de cualquier edificio, incluso pisos y garajes, de la
Iglesia Católica y de cualquier ONG. Por ejemplo hay bloques enteros de ONG
desconocidas que no pagan absolutamente nada.
En lo relativo al Estado, la LHL establece que estarán exentos “Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las
entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a
los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la
defensa nacional.” Pues bien, el Edificio del Antiguo Sempa podría no entrar en este
apartado, en efecto.
Sin
embargo la Ley dice también que estarán exentos “Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros
docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo”,
y que este IBI lo deberá compensar el Estado al ayuntamiento. Es decir, el Estado paga por casi todas las
propiedades, y a su vez tiene que hacerse cargo del IBI de todas las
propiedades educativas de centros concertados que son propiedad de la Iglesia.
Desde
luego hay que cambiar la Ley. Los edificios sanitarios públicos pagan IBI al
Ayuntamiento (hospitales, centros de salud, centros base, etc.); sin embargo,
si estos mismos establecimientos son privados no pagan. Legalidad absurda que
va contra los intereses públicos