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10 de diciembre de 2014

Las sentencias judiciales, con cerca de tres millones de euros, son el segundo gran acreedor del Ayuntamiento en 2013

Las sentencias judiciales, con cerca de tres millones de euros, son el segundo gran acreedor del Ayuntamiento en 2013, tras los servicios privatizados como la empresa Zamora Limpia

La relación de acreedores superiores a 100.000€ durante 2013 es una radiografía del Ayuntamiento de Zamora

Sobre esa lista, la valoración política que hace IU es la siguiente

1. Las sentencias y gastos jurídicos son el segundo gran acreedor. Así se contabilizan las facturas del abogado Garrote Maestre en la defensa del Ayuntamiento sobre el Edificio Municipal con la cantidad de 247.809€. En años anteriores se le pagaron otras cantidades. Sumando las facturas del otro abogado, Ignacio Esbec, el Edificio Municipal se llevó 400.000€ en abogados y procuradores para vergüenza del Partido Popular.

2. Además de los abogados, se contabilizan 2.196.652€ durante el año 2013 para pagar la sentencia del Edificio Municipal. Hay que recordar que 1.466.000€ se cargaron al Fondo de Contingencia de 2014. Y además el pago de la sentencia al Obispado por expropiaciones de la actual Terminal de Transportes 121.678€, o la sentencia a la empresa que hizo la obra de San Torcuato por retrasos en certificaciones de obras con otros 246.312€

3. Los bancos también se llevaron su parte 693.618€ en intereses y amortizaciones. Hay que tener en cuenta que otros pagos a los bancos pero que no se incluyen en la relación por ser inferiores a cien mil euros. La deuda bancaria a día de hoy es algo más de 20 millones.

4. El resto de grandes facturas denotan que la mayoría de los servicios públicos y esenciales están privatizados. La recogida de basuras se lleva 4.909.652€. La lista sigue con las empresas de siempre, Eulen, Telven, Clece, etc.

Sería interesante conocer el resto de proveedores, es decir, los inferiores a 100.000€, ya que se vería que algunos se llevan cantidades muy sustanciosas con contratos menores, incluso con suministros muy pequeños (del entorno de mil o mil quinientos euros) que al final del año facturan lo suficiente como para que el suministro hubiera salido a contratación pública.

Nota: se acompaña relación (elaborada por la Intervención) de proveedores superiores a 100.000€. IU ha señalado en verde los gastos jurídicos y en amarillo lo relativo a los bancos.