google-site-verification: googleaccd199c3d209369.html Izquierda Unida Zamora: IU desgrana la suma de los cinco millones gastados en el “edificio municipal” que nunca existió Google+

5 de diciembre de 2014

IU desgrana la suma de los cinco millones gastados en el “edificio municipal” que nunca existió

La mayor estafa que hubo en la ciudad de Zamora

En algún otro artículo hemos comentado el proceso de compra de aquel edificio municipal de oficinas que se iba a hacer. Hoy vamos a desgranar todos los números y euros que la genial idea del pp va a costar a los zamoranos. Y vamos a demostrar cómo con la cantidad que hay que pagar ahora a la empresa a cambio de nada podría haber construido el ayuntamiento un edificio nuevo en algún lugar del casco histórico. Después de 10 años la historia no ha terminado. El caso se encuentra en el último peldaño: el tribunal constitucional. Mientras tanto los intereses que pagamos siguen corriendo

Cinco millones por no hacer nada. Pero, ¿por qué tienen los zamoranos que pagar este dinero, y cuál es su desglose? Vamos a abordarlo con la rabia que genera tanto la contratación de abogados con minutas mareantes, como la sentencia que deja en evidencia la mala actuación de la defensa del Ayuntamiento.

Hay que recordar que los autores intelectuales de esta fallida operación -sobrevalorada desde el inicio y que nos hace pensar en un proceso corrupto- siguen ascendiendo en el Partido Popular: Antonio Vázquez, Fernando Martínez Maíllo y Feliciano Fernández Cuerdo. Añadimos a Rosa Valdeón,  no porque tuviera enlace con el origen de la operación, sino porque su actuación dirigiendo en los Juzgados la anulación del contrato es la que nos ha dejado la factura millonaria.

Los abogados

En el proceso han actuado dos abogados, uno de Zamora y otro de Valladolid. En ambos casos se han contratado a dedo. Las minutas que pueden apreciarse en el cuadro son tan abultadas que legalmente es necesario un contrato previo con un concurso.

Aquí todo el mundo cobró por la cuantía del pleito, que era muy considerable. Es razonable pensar que, independientemente de la cuantía, se hubieran acordado fórmulas para confeccionar una minuta fija y sin sobresaltos. Especialmente se debería  haber acordado alguna compensación más si se ganaba, y algún descuento si se perdía. Porque el problema es que todos perdieron en todos los casos, y en algunos procesos además cargando las costas al Ayuntamiento.

Un particular habría negociado con el abogado un cobro por cada recurso, porque esto se sabía cómo empezaba pero no como iba a terminar. Hemos ido sumando todas las facturas, condena en costas y además los procuradores. Al final 400.000€ en abogados para encima tener que pagar una sentencia millonaria.

En el Banco de España se eligieron los arquitectos a dedo y se ha denunciado¿No habría que pensar que aquí también algo debería hacer el Colegio de Abogados?

La Sentencia

Después de todo el laberinto judicial, se acaba en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León quedictó una sentencia declarando la lesividad del contrato para la ciudad y para el Ayuntamiento. Lesividad que hay que recordar que se fundamentaba en una sobrevaloración de la operación en 24 millones en los 25 años que el Ayuntamiento iba a tener alquilado el edificio, lo que suponía un 50% añadido por la cara. En muchas ocasiones hemos dicho que las sobrevaloraciones nunca se explicaron por los autores políticos. Nadie en el ámbito político da nada a alguien gratis.

Pero el problema fue que, además de declarar la lesividad, la Sentencia tenía que cuantificar una indemnización para la empresa UFC, ya que dos meses antes de las elecciones municipales de mayo de 2007 logró que se firmara el contrato por el Primer Teniente de Alcalde por delegación de Antonio Vázquez. Para las indemnizaciones naturalmente hay que hacer unos peritajes por ambas partes para que el Juez resuelva. Y aquí viene lo rocambolesco: UFC sí que realizó un peritaje de daños, pero el Ayuntamiento no lo hizo, lo cual fue un error de consecuencias millonarias para los ciudadanos de Zamora. La Sentencia dice que hay que pagar 3.566.453€ por lo siguiente:

Pago por la intermediación en la operación

Aquí hay dos apartados esenciales. Uno es la intermediación de la inmobiliaria que sirvió de enlace entre Ayuntamiento y UFC,  que cobró 1.235.000€ (incluyendo dos viviendas en la Plaza Sagasta que se dieron a los moradores de los solares en los que se iba a construir el Edificio), y 1.114.000€ como gastos financieros del préstamo suscrito por UFC para la compra de los solares y locales. También se cargaron en la indemnización 400.000€ de tributos de transmisiones y actos jurídicos documentados.

El proyecto y los derribos

50.000€ del Proyecto y más de 80.000€ de los derribos de las casas que existían en los solares de Ramón Álvarez; otros 200.000 euros de gastos generales; y 300.000€ de intereses de la construcción.

En total más de tres millones y medio de indeminización a UFC por nada. La base para tener que pagar esta indemnización es el hecho de haber firmado el contrato el 6 de marzo de 2007, unos meses antes de las elecciones. La adjudicación se había realizado en Pleno en febrero de 2006, pero las continuas denuncias del Grupo de IU pusieron en alerta a todos los funcionarios y medios de comunicación. De hecho, se retrasó más de un año la firma del contrato, y durante ese tiempo es cuando se producen algunos informes ya muy comprometedores para el Equipo de Gobierno.

Después de las elecciones de 2007, al quedar el minoría el PP, se desmorona la operación, que es llevada al Juzgado por el propio PP que meses antes había firmado semejante estafa. Los recursos judiciales fueron caóticos y han supuesto hasta ahora 400.000€. El propio PP reconoce una sobrevaloración de 24 millones en la operación.

UFC pedía más de 9 millones de indemnización

Pedía esa cantidad porque incluía los casi 6 millones que había gastado en la compra de los solares y locales en las calles Ramón Álvarez la Reina. El Juez no lo tuvo en cuanta y salvó al Ayuntamiento de la bancarrota.

Como decimos, sólo UFC realizó una peritación. No lo hizo el Ayuntamiento y por eso el Juez sólo estudió la de la empresa. Menos mal que consideró que la compra de los solares entraba en el normal riesgo y ventura que debía asumir la empresa en un contrato.