IU da su opinión acerca de la sentencia del TSJ sobre Valorio y mantiene todos los argumentos que dieron lugar a la denuncia en 2005

El TSJ de Madrid sobre las obras de Valorio falla que el expediente administrativo está caducado. Nada más. Se acompaña la sentencia

IU mantiene todos y cada uno de los elementos que dieron lugar a la denuncia en enero de 2005

El Partido Popular y el Concejal de Medio Ambiente no han leído la Sentencia del TSJ de Madrid con honestidad. Pudes leer la sentencia completa pinchando en el enlace: Sentencia Valorio TSJ. Es inevitable que una Sentencia de este tipo llegue primero a la Alcaldía y el Equipo de Gobierno haga una lectura de ella antes que nadie. Pero la debería haber entregado a los medios para que, además de su lectura interesada, los medios de comunicación también hagan la suya.

La Alcaldía ha facilitado en el día de ayer, previa petición, dicha Sentencia al Grupo de IU, y sobre ella (la acompañamos en archivo adjunto) hacemos la siguiente lectura lo más resumida posible:

1. La Sentencia, en contra de lo que ha dicho el PP, no entra en el fondo del asunto. Simplemente declara la caducidad del expediente. Es evidente que de 10 años provocan la caducidad y prescripción de todo. Lo cual no obsta que por parte de IU se mantengan todos y cada uno de los elementos que dieron lugar a la denuncia en enero de 2005.

2. IU nunca fue al Juzgado, en contra de lo que se ha dicho.El paso del tiempo y el lio administrativo han enterrado una denuncia solvente que contrastó el Grupo Municipal de IU y todos los ciudadanos que comprobaron las obras durante el año 2003 y 2004. IU elevó la denuncia a la Oficina Antifraude en enero de 2005, cuando las obras prácticamente habían concluido, lo cual es normal, es decir, se denuncia una vez que ves los resultados de las obras y una vez que ves la última certificación de obras que recoge a su vez todas las anteriores. Y fue la OLAF quien llevó el asunto primero al Ministerio de Economía de España y después al Juzgado de lo Penal;  y posteriormente el propio Ayuntamiento al Juzgado Contencioso Administrativo.

3. La Sentencia desentraña el lio administrativo que se monta una vez que la OLAF viene a Zamora a comprobar in situ el resultado de las obras, y los informes del Ministerio de Economía y Hacienda que estuvieron visitando también las obras antes que los expertos de la OLAF. Los de Economía y Hacienda dijeron que todo estaba bien, salvo una cuestión puramente técnica de puro papeleo que se cifró en 73.000€. Normal. Los que vinieron del Ministerio de Economía y Hacienda no eran ni ingenieros, ni expertos, ni visitaban las obras por ninguna denuncia, sino que era pura rutina. Bastaba que la Dirección de Obra (municipal) dijera que estaba todo bien para que se lo creyeran.

4. No así los expertos de la OLAF que visitaron la obra meses después por la denuncia de IU y dijeron en un informe el cúmulo de irregularidades contrastadas, entre las que se encontraban los 30.000 árboles que nunca se plantaron en el Bosque. Es evidente que los técnicos de Hacienda dijeron sí de forma rutinaria ya que no venían a inspeccionar nada, sino simplemente que la obra la certificaban los técnicos; y es evidente que los de la OLAF vinieron a cosas muchas más concretas denunciadas por IU.

5. En el lío administrativo posterior no tiene ninguna responsabilidad el Grupo de IU, ni en el tratamiento administrativo, ni en la demanda penal que interponen los técnicos de Hacienda, en evidente contradicción con su primer Informe, ni en que la OLAF no se personara en el Juzgado de Zamora y posteriormente en el de Madrid. La maquinaria administrativa falló, posiblemente porque en realidad el Ministerio de Hacienda siempre quiso embrollarlo todo para provocar la prescripción y la caducidad, ya que era dinero que había que devolver a Europa.

6. La denuncia de IU ante la OLAF describía una serie de unidades de obra no realizadas, entre ellas la más llamativa el asunto de los árboles. Las unidades de obra denunciadas venían a suponer aproximadamente un 15% del conjunto del dinero. Si la OLAF decidió en su informe que se reintegrara el 100% de la ayuda Feder, fue una decisión de ellos. IU sólo denunció el 15%, lo cual, evidentemente, nos parecía un caso claro de corrupción.

7. El PP y el Concejal de Urbanismo siempre quisieron taparlo todo. Cuando IU denunció este tema en Comisión Informativa, ni caso. Cuando lo llevó a pleno, ni caso. La única solución fue llevar a Europa. Nos alegramos que los zamoranos no tengan que pagar los casi 900.000€, pero no podemos admitir que el PP ni siquiera llegara nunca a hacer una mínima investigación.

Y en ese plan sigue el PP. Desde entonces han surgido otros casos y todos los ha tapado. Nunca investigó nada porque los autores de las irregularidades tienen nombre y apellidos. Digamos el PP, pero también se traduce en nombres concretos.

Ante denuncias que se refieran a certificados de obras, o sea que tengan un fondo monetario, el PP siempre debería de investigar en el propio Ayuntamiento.

Casos como el de Valorio, el de mantenimiento de jardines con trabajadores que se emplean en otras cosas, el del Edificio Municipal, el de la permuta de La Vaguada, el de prescripción en algunos casos del impuesto de construcciones a promotoras, etc. se habrían resuelto mejor para el Ayuntamiento y los zamoranos si el PP hubiera querido llegar al fondo de los asuntos.