IU presenta una moción en la Diputación para recomendar la remunicipalización del servicio de abastecimiento de agua
La protección del entorno y
la preocupación creciente para asegurar un desarrollo sostenible, donde el uso
racional del agua es una parte de importancia indiscutible, se han transformado
en objetivos primordiales de la acción de los poderes públicos a todos los
niveles.
IU defiende el derecho
humano al agua y al saneamiento, y que el agua no es una mercancía. Por ello
impulsa la gestión pública del abastecimiento y saneamiento, y las luchas
sociales contra la privatización. Defendemos el acceso universal al agua bajo
principios de eficacia social y ambiental y bajo control democrático. Los gobiernos deben abandonar las aventuras
fallidas de mercantilización del agua y la privatización de sus servicios.
La Resolución
64/292 del año 2010, la
Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el derecho al agua y al saneamiento como esenciales para
la realización de todos los derechos humanos. Los Gobiernos de todos los
ámbitos deben proporcionar este suministro limpio, accesible y asequible para todos.
Para Izquierda Unida, el
derecho al agua tiene dos facetas, al menos. Por un lado la libertad de acceso
al recurso vinculado a la satisfacción de las necesidades vitales; y por otro
el que se deriva del derecho al
suministro domiciliario de agua potable. Esta última, la que implica la
prestación de un servicio que debiera ser responsabilidad exclusiva de los
poderes públicos, obliga a éstos a garantizar determinadas prestaciones
imprescindibles para satisfacer las necesidades vitales, tal y como recogen los
artículos 18.1.g) y 26.1 de la Ley
de Bases de Régimen Local de 1985, que avalan sentencias de tribunales supremos
regionales, como la sentencia núm. 817/1999 de 24 septiembre del TSJ de
Castilla y León
Pero entre
que: En Castilla y León la Ley
reguladora del ciclo integral del agua de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León NO EXISTE y por tanto NO LO TIENE REGULADO,
y…
Las delicadas finanzas
municipales han convertido a las empresas privadas de gestión de agua en un
instrumento para conseguir aliviar las arcas públicas con una suma de capital
considerable, de manera rápida y relativamente sencilla. Con lo que se firman
contratos de larga duración, que no aseguran que lo recibido sea invertido en
el propio ciclo hidráulico para el municipio.
Los ayuntamientos venden los
servicios públicos. Venimos de la burbuja inmobiliaria y vamos hacia la burbuja
del agua que se levanta beneficiando solo a la empresa concesionaria que olvida
sistemáticamente hacer la inversión donde se debiera, que es en mejorar las
infraestructuras que garanticen el mejor servicio de agua posible para el
municipio.
Unido a esto, la falta de un
ente regulador que supervise la concesión permite entrar en procesos menos
garantistas, menos transparentes, pero el principal problema es que los ayuntamientos
están privatizando servicios para “hacer caja”. De ese modo, el agua se ha
convertido en un activo financiero con el que especular.
Instituciones como el Banco
Mundial ha hecho un llamado a “repensar” las políticas de privatización, al
reconocer los problemas de regulación relacionados con los proveedores
multinacionales de agua, y al ver los efectos de un modelo de prestación de
servicios con fines de lucro prevalentes sobre trabajadores, familias de bajos
ingresos y el medio ambiente.
El Tribunal de Cuentas
español, en su Informe 1.010 de fiscalización del sector público local, asegura
que la gestión pública directa de los servicios básicos como el agua, la
recogida de basura y la limpieza viaria cuesta mucho menos al ciudadano que una
vez privatizado. Los ciudadanos pasan a
ser clientes y los servicios de acceso universal tan sólo accesibles para
quienes puedan pagarlos. Las
empresas pueden pasar a tener impunidad absoluta para cortar el suministro a
quien no puede pagarlo. Por esto, Izquierda Unida quiere avanzar en una
regulación específica que garantice que este servicio no será cortado o
minimizado bajo ningún pretexto.
Con
el proceso privatizador existen aspectos que no toleramos:
1. Las empresas
concesionarias pueden rebajar la oferta económica que hacen al ayuntamiento
porque donde encuentran el verdadero
negocio no es en el agua, si no en las obras de infraestructura, el ladrillo
asociado al agua, que, SIN PASAR POR NINGUNA MESA DE CONTRATACIÓN, son adjudicadas a sí mismas y que, una vez
realizadas, deben pagar los vecinos vía reducción de canon, vía aumento de
tasas mediante modificaciones tarifarias en las ordenanzas para que los usuarios paguen el agua más cara.
2. Esta falta de
transparencia en la adjudicación impide el control de gastos. Las obras de
infraestructura acaban siendo demasiado caras, repercutiendo negativamente en
la economía de los vecinos del municipio. El ayuntamiento no presta el debido
control, no se preocupa de conseguir presupuestos más ajustados, optando por la
comodidad de dar la obra a la empresa que gestiona el servicio. Solo tiene en
cuenta el sacrosanto equilibrio financiero de las cuentas de la empresa, olvidándose
de si los vecinos y vecinas pueden hacer frente al pago del recibo. En la
mayoría de los casos, no contemplando
algún tipo de bonificación o exención del pago en las ordenanzas que
regulan el precio del agua y que debieran estar aprobadas para el beneficio de
los vecinos y vecinas, que no el de las empresas.
3. Perder el control del
servicio implica perder el control de la calidad del mismo. El personal que
pasa a la empresa privada, o el personal que contrata dicha empresa tendrá unas
condiciones laborales peores, dando, por lo tanto, una peor calidad del
servicio. Además, el control de calidad
del agua la hace la misma empresa pudiendo deducir, en general, que lo que
evalúan será siempre de calidad adecuada, salvo que para asegurarse el
equilibrio financiero tengan que realizar determinadas obras de
infraestructuras con la excusa de mejorar la calidad de las aguas.
Además, con la privatización no se establece ninguna “entidad auditora” que
evalúe si lo contenido en el contrato se cumple o no, y puede resultar fácil
que determinados preceptos en materia de obras o mejoras no se realicen, lo que
podría suponer un incumplimiento de contrato y causa de ruptura justa y
gratuita.
Izquierda Unida está
convencida de que deben ser los poderes públicos quienes gestionen los derechos
de los ciudadanos, y el agua es uno de los derechos esenciales. El objetivo de la remunicipalización estará en la
perspectiva de futuro más inmediato en los municipios. Entendemos que la
gestión de los derechos de los ciudadanos debe estar en manos públicas, que es
la manera de garantizar que ese derecho se administra con justicia social, de
forma igualitaria y que asegure nuestros derechos y obligaciones.
Por todo lo expuesto,
traemos al pleno de la Diputación de Zamora la siguiente moción para llegar a
los siguientes ACUERDOS:
*Recomendar
a los Ayuntamientos de la provincia de
menos de 20.000 habitantes que tomen las siguientes medidas:
1.
Crear una comisión formada por todos los grupos para determinar si han existido
o no por parte de la empresa concesionaria incumplimientos tales que el
contrato pueda quedar resuelto.
2.
Iniciar el proceso de recuperación del servicio de abastecimiento de agua para
el municipio iniciando todos los trámites administrativos necesarios para ello.
3.
En tanto en cuanto se produce este proceso de reversión de concesión, y en caso
de que sea necesario realizar alguna obra de acondicionamiento general o
especifica del servicio, se proceda a la licitación abierta para la obtención del servicio más eficaz y
eficiente, permitiendo así establecer un proceso de transparencia en los gastos
del ayuntamiento.
4.
Mientras dura el proceso de cambio de titularidad del servicio, que el
ayuntamiento se comprometa a no
modificar el régimen tarifario del abastecimiento del agua contemplado en las
ordenanzas municipales
5.
Acordar que el suministro del agua no será cortado bajo ningún concepto a
ningún vecino, hasta revertir el contrato de concesión, para lo que se
establecerá la forma jurídica adecuada para asegurar este derecho ciudadano
6.
Elaborar un inventario de bienes y personal relacionados con el servicio de
abastecimiento de agua en el municipio con el fin de preparar su mejor
adecuación una vez se haya producido la reversión del contrato.
7.
Establecer un carácter progresivo de las tarifas, para evitar despilfarros de
un bien escaso bonificando el ahorro y un uso responsable del agua.