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El PP modifica la ordenanza de subvenciones para que las AA.VV puedan justificar sólo con factura, sin estar obligadas a aportar adeudo bancario o declaración de que ha sido pagada

Demuestran que el Interventor sólo aplicó la ley como es su obligación aunque fue abandonado por los responsables políticos

Un Presidente de Asociación de Vecinos amenazó con llevar a los Tribunales al Interventor del Ayuntamiento porque les exigía a la hora de justificar la subvención que les da el Ayuntamiento, además de la factura, el justificante bancario de haberla pagado o bien una declaración de proveedor de que efectivamente la había cobrado.

Bastaba con leer la Ordenanza de Subvenciones del Ayuntamiento para darse cuenta de que el funcionario sólo aplicaba la Ordenanza que en su día aprobó el Alcalde y la mayoría absoluta de Antonio Vázquez. La Ordenanza que data de 2005, dice en su artículo 17 que el gasto debe justificarse con una factura a la que hay que adjuntar “el adeudo bancario o informe de que el importe de la factura ha sido pagado”. En definitiva, si se paga, el proveedor deberá declarar que en efecto ha sido así.

En la Comisión del lunes 26, se lleva una modificación de la Ordenanza para que en este apartado la redacción permita que simplemente la justificación se haga con la factura correspondiente prescindiendo de la declaración del proveedor.

Desde nuestro Grupo consideramos correcta la modificación. Se trata de facilitar a los vecinos las justificaciones de algo más de los cuatro mil euros que les da el Ayuntamiento.

Pero también debe quedar claro que el Interventor sólo aplicó la Ley y que realmente quien había puesto ese método de justificación había sido el Partido Popular.

Nos hubiera gustado que la Alcaldesa y todo el Equipo de Gobierno lo hubieran admitido así cuando se realizaron las declaraciones de que el funcionario incumplía la Ley y que lo llevarían a los Tribunales. 

El funcionario hacía lo que tenía que hacer y Rosa Valdeón no lo dijo por cobardía. También sería deseable que Asociaciones respetaran el trabajo del Interventor, que tiene que hacer prevalecer la Ley por encima de todo.

En definitiva, si ahora se modifica la Ordenanza para que no sea necesaria la certificación del proveedor de haber cobrado, es porque antes sí era necesaria. Lógica cartesiana.

Los responsables políticos del PP, con su silencio culpable, dejaron que se pusiera en la picota a un funcionario que sólo aplicaba la Ordenanza que ellos aprobaron, y que dificultaba la actividad de las asociaciones vecinales. 

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