El PP modifica la ordenanza de subvenciones para que las AA.VV puedan justificar sólo con factura, sin estar obligadas a aportar adeudo bancario o declaración de que ha sido pagada
Demuestran que el Interventor
sólo aplicó la ley como es su obligación aunque fue abandonado por los
responsables políticos
Un
Presidente de Asociación de Vecinos amenazó con llevar a los Tribunales al
Interventor del Ayuntamiento porque les exigía a la hora de justificar la
subvención que les da el Ayuntamiento, además de la factura, el justificante bancario de haberla pagado
o bien una declaración de proveedor de que efectivamente la había cobrado.
Bastaba
con leer la Ordenanza de Subvenciones del Ayuntamiento para darse cuenta de que
el funcionario sólo aplicaba la
Ordenanza que en su día aprobó el Alcalde y la mayoría absoluta de
Antonio Vázquez. La Ordenanza que data
de 2005, dice en su artículo 17 que el gasto debe justificarse con una factura a la que hay que adjuntar “el adeudo bancario o informe de que el
importe de la factura ha sido pagado”. En definitiva, si se paga, el
proveedor deberá declarar que en efecto ha sido así.
En la Comisión del
lunes 26, se lleva una modificación de la Ordenanza para que en este apartado la
redacción permita que simplemente la justificación se haga con la factura
correspondiente prescindiendo de la declaración del proveedor.
Desde
nuestro Grupo consideramos correcta la
modificación. Se trata de facilitar a los vecinos las justificaciones de algo
más de los cuatro mil euros que les da el Ayuntamiento.
Pero
también debe quedar claro que el Interventor sólo aplicó la Ley y que realmente
quien había puesto ese método de justificación había sido el Partido Popular.
Nos hubiera gustado que
la Alcaldesa y todo el Equipo de Gobierno lo hubieran admitido así cuando se
realizaron las declaraciones de que el funcionario incumplía la Ley y que lo llevarían a los Tribunales.
El
funcionario hacía lo que tenía que hacer y Rosa Valdeón no lo dijo por
cobardía. También sería deseable que Asociaciones respetaran el trabajo del
Interventor, que tiene que hacer prevalecer la Ley por encima de todo.
En
definitiva, si ahora se modifica la
Ordenanza para que no sea necesaria la certificación del proveedor de haber
cobrado, es porque antes sí era necesaria. Lógica cartesiana.
Los
responsables políticos del PP, con su silencio culpable, dejaron que se pusiera
en la picota a un funcionario que sólo aplicaba la Ordenanza que ellos aprobaron,
y que dificultaba la actividad de las asociaciones vecinales.