DIPUTACIÓN. MOCIÓN
IU presenta una moción
en contra de la privatización de los Registros Civiles
El
Pleno de la Diputación de Zamora acuerda:
Manifestar
ante todas los Parlamentos Autonómicos y las Cortes del Reino de España, así
como a su Gobierno, el más absoluto rechazo a la privatización de los Registros
Civiles.
Comunicar
esta decisión al Gobierno de España, a los partidos representados en las Cortes
Españolas y a la Sociedad en General
Razón de la propuesta
La
cátedra complutense “memoria histórica del siglo xx” rechaza la privatización
del Registro Civil y alerta de los riesgos que conllevará para la investigación
histórica
1.
La CCMHSXX manifiesta su enérgico rechazo a la privatización del Registro
Civil, cuya
gestión
se sustraerá a los juzgados y funcionarios judiciales para pasar a manos de los
registradores
de la propiedad mercantil. Lo anterior, según el Decreto 8/2014, de medidas
2.
El Ministro de Justicia del Reino de España, Alberto Ruiz Gallardón, siguiendo
las pautas de su partido, mantiene así su pertinaz política de privatizaciones,
aún a riesgo de poner en peligro la normalidad y la viabilidad de los servicios
públicos más básicos. Desde la alcaldía de Madrid ya lo hizo con la gestión del
Padrón y del Registro Municipal, entre otras muchas actuaciones en la misma
dirección, con tal “eficiencia” privatizadora que dejó casi todos los asuntos
locales en manos de empresas amigas.
3.
Ahora plantea reformas de calado en los registros: inventariar y describir los
libros antiguos, para lo que se ha contratado al Corte Inglés, y crear un gran
fichero informatizado, único para toda España, donde se harán los apuntes en lo
sucesivo.
4.
Se espera que los registradores –futuros encargados de su gestión– contribuyan
a financiar el programa informático ad hoc. Pero, al no poder cobrar sus
servicios al público, se entenderá que manifiesten su “absoluta disconformidad”
con los planes ministeriales.
5.
Tampoco están de acuerdo los sindicatos ni los trabajadores afectados, en
especial los contratados temporalmente. En la actualidad, son más de 5.000
trabajadores trabajando en 440 juzgados, que serán sustituidos por unos cien
registradores en solo sesenta oficinas.
6.
El Ministerio de Justicia asegura que la informatización del sistema compensará
de sobra tan tremendo desequilibrio.
7.
Más allá de los problemas técnicos y laborales que pueda generar el mencionado
proyecto, este suscita múltiples preocupaciones por la masiva trasferencia de
datos personales desde lo público al mercantil.
8.
La búsqueda de rentabilidad económica del “derecho a la información” será su
consecuencia más directa. La gravedad de tal medida es clara: la venta de la
información más básica de la vida personal y familiar de todos los ciudadanos y
ciudadanas.
9.
Esta decisión política, junto con la aprobación de la conocida como cuestionada
“Ley de Transparencia” (Ley 19/2013) y vaciamiento total de la “Ley de Memoria
Histórica” (Ley 52/2007) en la presente legislatura, evidencian la ausencia de
cualquier tipo de sensibilidad democrática por parte del actual Ejecutivo.
10.
Nos preocupa también un aspecto relevante como investigadores: la posibilidad
de un todavía mayor retroceso en el acceso a los registros de defunciones, en
tanto constituye un medio básico para conocer la represión durante la Guerra
civil y la dictadura franquista (a sabiendas de que faltan muchas, quizá la
mayoría de las defunciones, por registrar).
11.
Hace años que el movimiento social por la memoria democrática reivindica que el
Estado, a través de una Comisión de la Verdad o una iniciativa similar, ponga
los medios necesarios para que, al menos, consten como difuntos toda esa legión
de víctimas de la vesania franquista que no aparecen en los libros de
defunciones o lo hacen como “cadáveres desconocidos”. Es evidente que este tipo
de minucias propias de historiadores, victimas o familiares de víctimas estarán
muy alejadas de las preocupaciones de los registradores, pues ni siquiera ha
merecido la atención de las autoridades competentes hasta ahora.
12.
Y si el acceso a los libros de defunciones ya contaba con suficientes trabas
(ver la instrucción de la D. G. De Registros y Notariado de 4/11/2008), no
parece que la gestión privada de los registros vaya a mejorar las cosas, ni
mucho menos.